El Gobierno argentino rechazó formalmente la nueva guía publicada por el Reino Unido para empresas y particulares vinculados con actividades económicas en las Islas Malvinas y anunció que profundizará las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra compañías que participen en proyectos hidrocarburíferos que la Argentina considera ilegítimos.
El documento británico, publicado este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), lleva por título “Hacer negocios con las Islas Malvinas” y está dirigido a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas en las islas, suministran bienes y servicios o participan en el desarrollo de sus recursos naturales. Londres afirma que respalda las actividades económicas que considera legítimas y el derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar sus recursos, incluidos los hidrocarburos.
El Reino Unido también reafirmó en el documento su posición sobre la soberanía y señaló que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar. Asimismo, sostuvo que no discutirá la cuestión de soberanía “a menos que los isleños así lo deseen”.
Uno de los puntos centrales de la guía es la advertencia sobre las medidas argentinas. El Gobierno británico sostiene que la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna sobre empresas o personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con el archipiélago.
La Cancillería argentina respondió con un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la publicación británica y sostuvo que la guía busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que considera ilegítimas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En ese marco, el Gobierno argentino vinculó la decisión británica con los anuncios de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sobre el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según la Cancillería, la Argentina profundizará un plan de acción destinado a defender su posición sobre la soberanía y resguardar los recursos naturales.
El comunicado señala además que, tras la denominada “Decisión Final de Inversión” de las empresas vinculadas al proyecto, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal. Allí, según el Gobierno argentino, se cuestionó el avance de Sea Lion y las distintas medidas vinculadas con el proyecto, incluidas las licencias, la contratación de proveedores y los incentivos comerciales británicos.
La Argentina también sostiene que las acciones británicas vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanece pendiente la solución de la disputa de soberanía.
En paralelo, la Cancillería recordó el marco legal argentino y afirmó que continuará aplicando las normas que establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen en determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional.
Según el comunicado, la Argentina ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y sus directivos.
La Cancillería reiteró, al mismo tiempo, la disposición argentina a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para abordar la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
