La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, con movilizaciones en las principales ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración será frente al Congreso de la Nación a partir de las 13:30, en reclamo de la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
La medida de fuerza tendrá alcance nacional, aunque cada provincia definirá su modalidad de protesta y la extensión de las actividades afectadas. En Tierra del Fuego, la implementación de la medida dependerá de las decisiones de los sectores gremiales y organismos alcanzados.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo es avanzar contra la totalidad del decreto y cuestionó su impacto sobre los trabajadores y distintos sectores de la economía. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, expresó el dirigente.
Aguiar también cuestionó el uso de decretos para impulsar reformas y afirmó que el Gobierno pretende avanzar por esa vía sobre cuestiones que, según planteó, deberían debatirse en el Congreso. En ese sentido, calificó al DNU como una medida favorable a las grandes corporaciones y criticó los cambios que introduce en distintas áreas de la legislación.
El Decreto N° 70/23 —denominado de "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina"— establece un marco normativo de desregulación masiva que abarca la derogación y modificación de más de 300 leyes nacionales.
Entre sus puntos centrales y de mayor impacto, el decreto dispone:
Derogación de la Ley de Alquileres: Elimina el marco regulatorio previo y restituye la libertad de pactar contratos en cualquier moneda y bajo las condiciones estipuladas entre las partes.
Derogación de las Leyes de Góndolas y Abastecimiento: Suprime los controles estatales de precios, el abastecimiento obligatorio y las reglas de exhibición de productos en supermercados.
Modificaciones a la legislación laboral: Restringe el derecho a huelga mediante la obligatoriedad de guardias mínimas en servicios esenciales y limita las indemnizaciones y las multas por trabajo no registrado.
Privatización de empresas públicas: Modifica el régimen de las sociedades del Estado para convertirlas en Sociedades Anónimas, dejándolas sujetas a procesos de privatización o concesión al sector privado.
Derogación de la Ley de Tierras: Elimina los límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Desregulación del comercio exterior: Quita los registros y autorizaciones previas para importar y exportar, eliminando las facultades de intervención del Estado en el flujo de mercaderías.
Liberación de precios en la medicina prepaga: Cancela las facultades de regulación estatal sobre las cuotas de los servicios de salud privada.
Desregulación de la telefonía e internet: Elimina el carácter de servicio público esencial de las telecomunicaciones, permitiendo la libre fijación de tarifas por parte de las empresas operadoras.
Desde ATE advirtieron que el paro alcanzará a diferentes organismos y servicios públicos. En los hospitales nacionales se garantizarán guardias mínimas, mientras que en los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores se brindará únicamente atención de urgencia.
Entre los sectores que podrían registrar interrupciones o funcionar con servicios reducidos se encuentran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la Guardia Urbana, Migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, los medios públicos, el manejo de incendios forestales y los agentes de tránsito.
También se prevén posibles afectaciones en la actividad de los controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares, además de servicios públicos provinciales y municipales.
En el caso de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado. Por su parte, el PAMI y la ANSES atenderán únicamente las emergencias, según lo informado por el gremio.
La movilización al Congreso se desarrollará también en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
De esta manera, la jornada del jueves reunirá reclamos sindicales y universitarios contra las políticas del Gobierno nacional, con manifestaciones previstas en distintos puntos de la Argentina.
