El Gobierno autorizó el derribo de aeronaves hostiles durante la visita del Papa

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una de las medidas de seguridad más estrictas de los últimos años para la visita del papa León XIV. A través del decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo amplió las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) y autorizó el uso de la fuerza para el derribo de aeronaves de origen externo que sean declaradas hostiles.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Carlos Presti, tendrá vigencia exclusiva desde el 8 hasta el 11 de noviembre, los cuatro días que durará la visita papal. La medida abarca las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA Cba, los espacios de alta circulación aérea que rodean los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, dos de los distritos donde se concentrarán las actividades del pontífice.

El texto oficial justifica la decisión en la presencia de numerosas autoridades nacionales y extranjeras, la congregación masiva de ciudadanos y la necesidad de preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional. El decreto aclara que la medida se aplica exclusivamente a agresiones de origen externo. Las situaciones que involucren aeronaves de origen interno continuarán bajo el marco de la Ley de Seguridad Interior, que solo admite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en forma excepcional y previa declaración del estado de sitio.

El procedimiento y la cadena de mando

El decreto establece una cadena de mando precisa para el uso de la fuerza. El Comandante Conjunto Aeroespacial, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, es la autoridad encargada de declarar "hostil" a un vector incursor una vez que se confirme un acto hostil. Sin embargo, la aprobación final para el derribo recae sobre el ministro de Defensa, una facultad que el Presidente delegó de forma exclusiva para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

El uso de la fuerza está contemplado como último recurso. Antes de recurrir a las armas, las fuerzas de defensa deberán agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje. La norma también exige que se adopten las precauciones necesarias para evitar o minimizar los daños a personas y bienes en la superficie.

El decreto dedica un apartado específico a las aeronaves civiles. En esos casos, el derribo solo podrá aplicarse ante un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda ser neutralizada por otros medios. Si una aeronave civil se limita a desobedecer las instrucciones, la respuesta deberá limitarse a la interceptación y la orden de aterrizaje, en línea con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago.

La medida aeroespacial se complementa con un amplio despliegue de seguridad en tierra. El Gobierno activó tres Comandos Unificados Federales que coordinarán el operativo en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba, con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica en Recoleta, donde se alojará el Papa, y se dispusieron restricciones de circulación en los barrios de Palermo y Recoleta, que se intensificarán entre el sábado 7 y el miércoles 11 de noviembre.

La coordinación gubernamental del operativo está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, quien mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas y los organismos involucrados.