La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó una resolución que modifica el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, para que los agentes de la Policía Federal puedan disparar con sus armas ante casos de delitos sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.
La medida publicada en el Boletín Oficial, establece que el uso de armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" como "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".
En ese sentido, también justifica "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".
En tanto esa norma establece que será en caso de "peligro inminente" cuando "se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas", o en el caso de que "el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".
Lo mismo "cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal". En este último caso podrá ser "cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas".
También cuando el sospechoso "trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros" o en caso de que "efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma".
La resolución establece además que, ante el necesario empleo de armas, los agentes "deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita" salvo "en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas".
La medida busca combatir a los delincuentes con mayor uso de la fuerza y para que los agentes no sean luego acusados por familiares de los malvivientes.
