Con fuertes críticas de la oposición por el avance del Gobierno sobre la Justicia, los diputados dieron dictamen por mayoría para tratar la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta de la Cámara Alta y pone un plazo de cinco años a la duración del mandato del Procurador General de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, obtuvo rechazo por parte de los bloques opositores al considerar que es un avance político sobre la Justicia. 

El diputado Gustavo Menna (UCR) adelantó el rechazo del interbloque Juntos por el Cambio al proyecto: “Lo consideramos abiertamente contrario a los postulados de la Constitución Nacional”.

“Estamos habilitando un mecanismo que va a dar lugar a que vuelva la injerencia del poder político sobre el trabajo de los fiscales”, alertó Menna. “No podemos hacer una norma a la luz de la coyuntura. Debemos pensar una norma a la luz de la defensa permanente de las libertades, de las garantías y de un proceso penal que sea transparente”, dijo.

Desde el bloque Unidad y Equidad Federal, el diputado José Luis Ramón denunció “aprietes” por respaldar la iniciativa y explicó que “el Ministerio Público no solamente persigue cuestiones penales, sino también cuestiones civiles, de consumidores, de medio ambiente, se debe ampliar la manera de actuar”. Asimismo, defendió la incorporación de una Procuraduría que “proteja el derecho de los consumidores para evitar las masivas estafas”.

La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, manifestó su desacuerdo con el proyecto, “porque no se cumple bajo ningún punto de vista la oportunidad para tratarlo”. “Lamento que el oficialismo haya traído este debate, nos aleja mucho de las necesidades que tiene nuestro pueblo”, dijo, antes de adelantar que presentaría un dictamen propio.

En tanto, el diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, también se opuso a la iniciativa. “Esto empeora lo que existe actualmente. Desde nuestro punto de vista el Procurador, los jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto popular”, explicó.