La Fiscalía de Tolhuin inició una investigación judicial por presuntas irregularidades cometidas por la Municipalidad de esa ciudad, que tiene como principal señalado al actual intendente Daniel Harrington. El caso se centra en una denuncia presentada por la vecina Andrea González Valle, quien aseguró haber sido despojada ilegalmente de una vivienda que formaba parte de su herencia familiar.
La denuncia inicial, realizada hace más de un año, apunta a un operativo que incluyó la supuesta sustracción de documentación de un expediente administrativo, manipulaciones en informes municipales y la ocupación de la propiedad sin orden judicial, bajo el argumento de abandono. Según relató el abogado de la denunciante, Hernán Castillo,al programa radial "El Ángel de la Radio", se trató de una casa de fin de semana con servicios de gas y luz activos, lo que desmiente su supuesto estado de abandono.
“Se robaron fojas del expediente para que no quede constancia del domicilio correcto de notificación. Además, ingresaron al inmueble como si estuvieran realizando un desalojo judicial, pero todo fue llevado adelante por personal del municipio sin intervención judicial”, explicó Castillo.
En ese contexto, ya fueron citados a declarar el secretario Legal y Técnico del municipio, Solís; las funcionarias Cejas y Sandoval; y recientemente también el propio intendente Harrington. La Cámara de Apelaciones revocó un fallo inicial que desestimaba la denuncia y ordenó continuar la investigación.
Castillo sostuvo que existen pruebas contundentes en el expediente penal que demuestran la intención deliberada de despojar a su clienta de la vivienda. “La municipalidad tiene la casa incautada desde hace un año, sin justificación legal válida, y nuestra clienta no ha podido acceder a su propiedad desde entonces”, señaló el abogado.
Además de la causa penal, González Valle inició una demanda contencioso administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia para recuperar la vivienda y obtener su escrituración. En paralelo, no se descarta la posibilidad de una demanda por daños y perjuicios, considerando el tiempo transcurrido sin acceso a la propiedad y la gravedad institucional del caso.
La causa, ahora en etapa de instrucción, podría derivar en un juicio penal contra los funcionarios involucrados si se confirman los delitos de usurpación, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
