
Milei libera los precios de la yerba y las empresas quedan habilitadas a subir el producto más consumido por los argentinos

El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto 812/2025, una medida que desregula por completo el mercado de la yerba mate y habilita a las empresas a fijar libremente el precio del producto más consumido del país. Con esta decisión, el Ejecutivo modifica el Decreto 1240/2002 y recorta de manera sustancial las facultades históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hasta ahora tenía la capacidad de intervenir en el sector para evitar abusos y garantizar ciertos equilibrios productivos.
La norma —firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo— deja expresamente establecido que el INYM ya no podrá dictar normas ni aplicar mecanismos que influyan en los precios, la competencia o la comercialización, eliminando su rol regulador y dejando el valor del paquete de yerba exclusivamente librado a la oferta y la demanda.
El nuevo artículo 8° indica que el organismo no deberá “provocar distorsiones en los precios de mercado ni interferir en la libre interacción” entre productores, industrias y empresas comercializadoras. Con este cambio, toda intervención estatal en el precio de la yerba queda descartada, en un contexto donde el consumo masivo convierte a este producto en un componente sensible de la canasta básica.
El decreto también deroga los artículos 9°, 11 al 19 del Decreto 1240/02, que incluían herramientas para supervisar procesos productivos, establecer pautas para el sector, regular registros y ordenar la actividad. Con esta eliminación, el Gobierno desarma el andamiaje jurídico que permitía al INYM actuar ante desequilibrios de mercado.
Además, el Ejecutivo ordenó al Instituto revisar en un plazo de 30 días toda normativa interna que contradiga el nuevo esquema y adecuarse a la desregulación plena.
En los considerandos, la Casa Rosada sostiene que la medida apunta a “modernizar” el INYM y concentrarlo en tareas de verificación de calidad, evitando lo que considera “intromisiones” en un mercado competitivo. Este cambio se alinea con el espíritu del DNU 70/2023, que ya había modificado la Ley 25.564 y reducido el alcance del organismo.


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