Grave denuncia penal contra directivos de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande por corrupción y desvío de fondos

Una denuncia penal de más de 30 páginas presentada ante el Juzgado Federal encendió las alarmas sobre el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Tres altos directivos fueron acusados por graves irregularidades que comprometerían recursos públicos y podrían configurar delitos como malversación de fondos, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

La presentación, patrocinada por la abogada Adriana Varisco, fue realizada por un ex empleado despedido de la institución, quien pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad. El escrito señala al gerente Santiago "Paqui" Barrientos, al subgerente Segundo Santana y al contador Ezequiel Krok como principales responsables de un presunto esquema fraudulento. También se involucra al veedor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), acusado de omitir controles clave.

Entre las irregularidades denunciadas se incluyen:

• Contratos a precios irrisorios con la empresa TV Fuego para el uso de infraestructura, sin contraprestación equitativa, en comparación con otras empresas del rubro como AMX-Claro.
• Compras de materiales con sobreprecios de hasta el triple en la distribuidora Rocca S.A.
• Falta de gestión en el cobro de deudas millonarias, entre ellas una deuda superior a los 90 millones de pesos de la firma "Cryptopatagonia" y más de 170 millones de pesos acumulados entre tres asociados.
• Vínculos personales entre directivos y empresas contratadas, como la encargada de los cortes de suministro eléctrico, manejada por familiares directos del subgerente.
• Un llamativo crecimiento patrimonial de los acusados, con propiedades lujosas, autos de alta gama y viajes al exterior, presuntamente incompatibles con sus ingresos.
• Incluso se denuncian presuntas situaciones de consumo de sustancias prohibidas dentro de las oficinas de la Cooperativa.

“El uso discrecional de fondos, contrataciones sin respaldo técnico y la manipulación de balances constituyen un accionar sistemático para el beneficio privado de unos pocos”, afirmó la doctora Varisco. La denuncia también remarca que los balances contables no cierran y que se evidencia un manejo operativo plagado de irregularidades.

El documento judicial solicita una urgente intervención externa del INAES y medidas probatorias inmediatas por parte del Juzgado Federal, que podría pronunciarse en las próximas 48 a 72 horas. También se anticipa que la causa podría ampliarse con más nombres involucrados.

“El crecimiento económico de los imputados es tan evidente que todos en esta ciudad lo comentan. Esto no es solo un escándalo institucional, es un ataque directo a los derechos de los usuarios que sostienen mes a mes el servicio con sus pagos”, concluye el escrito.

Aunque no se especificaron cifras, la denuncia es contundente al afirmar que los fondos de la Cooperativa —que deberían destinarse a fines sociales— fueron desviados para fines personales. Los balances no cerrarían y los gastos operativos tendrían irregularidades manifiestas.

"No estamos hablando de una empresa privada; estamos hablando de una cooperativa, que en la práctica está siendo administrada por personas que solo pretenden su beneficio personal. Y cuando se habla de beneficio personal, se alude a desvío en beneficio propio y/o de terceros de aquello que ingresa a la cooperativa", sostiene la denuncia.

Desde la Cooperativa, hasta el momento, no hubo respuesta oficial.