Finalmente el Superior Tribunal de Justicia resolvió que el pago de los impuestos inmobiliarios deberán ser de la provincia, tras un litigio judicial entre el gobierno y las Municipalidades.
El fallo hace “lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), declarando que la Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centro”.
Durante en análisis de los jueces, fueron tenidos en cuenta "los conceptos de facultades, relaciones y vínculos de los poderes entre la Nación, las Provincias, la existencia de la autonomía municipal, en la Constitución Nacional y Provincial; las distintas leyes territoriales que abordaron la reglamentación del impuesto inmobiliario y cómo y de qué manera fue receptado en la Carta magna Provincial".
Para ellos, se recurrió “a doctrina mayoritaria y especializada en la temática, tributaria y constitucional y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en ambos casos sobre asuntos análogos con marcada similitud con el planteo que se resolvió y dictados en distintos años y con integraciones distintas”.
