El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo endeudamiento externo por hasta 300 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Banco Mundial, destinado a profundizar la reforma del esquema de subsidios a la energía eléctrica y al gas en la Argentina.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 900/2025, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y autoriza la suscripción de un préstamo para el “Financiamiento adicional del Proyecto Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles”.
Más deuda para avanzar con la quita de subsidios
Según el texto oficial, el objetivo central del préstamo es fortalecer la capacidad institucional del Estado para racionalizar los subsidios energéticos, uno de los ejes del programa económico del Gobierno libertario. El proyecto incluye nuevas etapas orientadas a focalizar los subsidios y a financiar esquemas “racionalizados y simplificados” para usuarios de gas que cumplan criterios de elegibilidad.
En los hechos, el financiamiento apunta a profundizar la segmentación tarifaria y reducir el gasto público, en línea con las exigencias de los organismos multilaterales y el plan de ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional.
El Ministerio de Economía será el organismo ejecutor del préstamo, a través de la Secretaría de Energía, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una de las etapas del proyecto.
Para respaldar la operación, el decreto cita informes del Banco Central de la República Argentina, que aseguró que el impacto del préstamo sobre la balanza de pagos será “limitado”, y de la Oficina Nacional de Crédito Público, que sostuvo que el costo financiero es inferior al que el país podría obtener en los mercados internacionales.
El Gobierno también destacó que las condiciones del contrato —plazos, tasas de interés y esquema de amortización— son “las usuales” para este tipo de préstamos, aunque no se detallaron públicamente los términos financieros específicos.
El decreto faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo y habilita además al Ejecutivo a introducir modificaciones durante la ejecución del proyecto, siempre que no se altere el monto total ni el destino general de los fondos.
