En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este jueves la ordenanza impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal que habilita la restructuración de las secretarías de la Municipalidad, en el marco de una política de achique del Estado y reorganización administrativa.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo sin detallar qué secretarías serán suprimidas o unificadas, lo que generó duras críticas por parte de la oposición, que cuestionó la falta de definiciones y el impacto que la medida podría tener sobre los trabajadores municipales.
Finalmente, la iniciativa fue sancionada con ocho votos afirmativos y dos negativos, luego de que se aprobara una moción para cerrar el debate, decisión que también despertó cuestionamientos dentro del recinto.
Críticas por la falta de información
La concejal Daiana Freiberger (Provincia Grande) fue una de las voces más críticas y anticipó su voto negativo. Señaló que el proyecto carece de precisiones fundamentales y consideró que la iniciativa genera incertidumbre tanto en los empleados municipales como en los concejales. “Esto es poco respetuoso para el trabajo de la gente que está hoy en el Ejecutivo Municipal, para los empleados municipales principalmente, que no saben de quién van a depender, y para los concejales que conformamos este cuerpo”, apuntó.
Freiberger recordó que una situación similar ocurrió durante el debate del presupuesto y remarcó que el Ejecutivo no cumplió con presentar la información solicitada. “Esto no es trabajar bien”, afirmó.
En la misma línea, la concejal cuestionó que, tras diez años de gestión, el Ejecutivo no haya presentado un proyecto “trabajado y pulido”. “Estamos con el bonete del signo de interrogación. ¿Para qué se presenta esto si no se aclara qué se va a modificar o suprimir? El resultado directo es generar zozobra e incertidumbre”, expresó.
Tavarone reclamó cumplir con la Carta Orgánica y reactivar la Defensoría del Vecino
Uno de los discursos más relevantes fue el del concejal Valter Tavarone (Somos Fueguinos), quien puso el foco en el destino de los eventuales ahorros que podría generar la reducción de la estructura municipal. Si bien no se opuso de manera directa a la racionalización del Estado, advirtió que esos recursos deberían ser utilizados para cumplir con mandatos constitucionales incumplidos.
Tavarone recordó que la Carta Orgánica Municipal establece de manera expresa la creación de la Defensoría del Vecino, un organismo que debería haberse puesto en funcionamiento a mitad del mandato del actual intendente y que, a más de 20 años de su sanción, continúa sin existir.
“Ojalá los recursos presupuestarios que se ahorren con esta supresión de secretarías sean destinados para cumplir obligaciones constitucionales”, expresó el concejal, y remarcó que en el proyecto de presupuesto que aún no fue tratado la Defensoría del Vecino no está contemplada.
El edil subrayó que esta omisión no es menor y recordó que el propio intendente participó como convencional constituyente en la reforma de la Carta Orgánica Municipal, por lo que conoce de primera mano la obligación que pesa sobre el Ejecutivo.
“Nuestra Carta Orgánica ordena cumplir y hacer cumplir las ordenanzas vigentes. Esta es una manda clara que el Departamento Ejecutivo debe respetar”, sostuvo.
En ese sentido, Tavarone planteó que la discusión sobre el achique del Estado no debería limitarse únicamente a la reducción de estructuras, sino que debería ir acompañada de una reasignación estratégica de recursos para fortalecer instituciones de control y defensa de los derechos de los vecinos.
“Hace más de dos décadas que no logramos poner en funcionamiento la Defensoría del Vecino. Ojalá esta reestructuración tenga como intención política avanzar finalmente en ese sentido”, afirmó.
El oficialismo defendió el proyecto
Desde el oficialismo, la concejal Jesica Garay (PJ)defendió con énfasis la iniciativa y pidió considerar la complejidad que implica modificar la estructura del Estado municipal. “No trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Hay más de mil trabajadores detrás de estas decisiones y no es tan simple hacer cambios de un día para el otro”, remarcó.
Garay explicó que la reestructuración no solo involucra al gabinete, sino también a la planta municipal, y sostuvo que el plazo de 90 días solicitado por el Ejecutivo es razonable para evitar “daños colaterales”.
Además, afirmó que el Ejecutivo escucha el mensaje del voto popular y que la política debe adaptarse a los tiempos actuales: “La política es dinámica. Si hay una demanda social de repensar el Estado, tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
Apoyos desde sectores opositores
La concejal Mayorette Saldías, recientemente incorporada al cuerpo y representante de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto y llamó a no limitarse a una oposición basada solo en el rechazo.“¿Qué respuesta le damos a los vecinos si solo decimos que no?”, planteó, y sostuvo que toda iniciativa orientada a reducir el gasto público merece ser debatida y considerada.
También el concejal Vladimir Espeche adelantó su voto positivo, argumentando que la gestión requiere flexibilidad y que la reducción de la estructura estatal es un paso necesario.
El debate se cerró tras una moción presentada por el concejal Oyarzún, que fue aprobada por mayoría, decisión que motivó la queja de Tavarone, quien denunció que se le “cercenó el derecho a continuar con un debate que estaba siendo enriquecedor”.
Finalmente, el proyecto fue sometido a votación y quedó sancionado con ocho votos a favor y dos en contra, habilitando al Ejecutivo Municipal a avanzar con la reestructuración de las secretarías, cuyos detalles deberán ser presentados en los plazos establecidos por la ordenanza.
