
Comienza en Ushuaia el juicio por las viviendas de ATE y estará en el banquillo de los acusados Carlos Córdoba

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur comienza el próximo lunes un juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras irregulares vinculadas con la comercialización de viviendas sociales destinadas a afiliados del gremio estatal ATE en Ushuaia.
Según pudo saber Ushuaia 24, los imputados son el dirigente sindical Carlos Córdoba, Miguel Ángel Arana y Erik Moscoso.
Dos de ellos serán juzgados por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo.
De acuerdo con la acusación, habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas, entre ellas empleados estatales y afiliados al gremio, recibiendo a cambio dinero, vehículos, cheques y otros bienes.
La investigación sostiene que las maniobras se habrían concretado aprovechando funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios.
En paralelo, el tercer imputado será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos.
La acusación indica que habría intervenido en operaciones relacionadas con maquinaria vial, contratos y movimientos de cheques que buscaban dar apariencia legal al origen de fondos y bienes presuntamente obtenidos a partir de las maniobras investigadas.
El juicio estará presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. En tanto, la acusación será sostenida por el fiscal Daniel Curtale.
Las defensas estarán a cargo del defensor público José María Fernández López y de los abogados Marisel Banegas y Rodrigo Guidi.
Además, la querellante Daniela Soledad Tapponier participará del debate junto al abogado Enrique Hernández Arriagada, mientras que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intervendrá representado por su equipo jurídico.
Para el desarrollo del juicio está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra final todavía debe ser confirmada por el Tribunal.


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