El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a ratificar su intención de avanzar con la reforma parcial de la Constitución Provincial luego del dictamen emitido por el Ministerio Público Fiscal, donde se sostuvo que la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no suspende automáticamente el proceso electoral en marcha.
Desde Casa de Gobieno interpretaron el pronunciamiento judicial como una señal favorable para continuar con el cronograma de las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto de 2026, en medio de la fuerte disputa política y judicial que rodea a la iniciativa impulsada por la gestión de Gustavo Melella.
La resolución del Ministerio Público Fiscal llegó luego de que la Justicia Electoral decidiera suspender momentáneamente la emisión del cronograma electoral ante la incertidumbre generada por el recurso de queja presentado en la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego” y por la derogación legislativa de la Ley 1529, posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese contexto, la Fiscalía señaló que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que mientras la Corte Suprema no haga lugar al recurso de queja, el proceso no queda suspendido.
El dictamen también sostuvo que cualquier intervención judicial sobre el decreto de convocatoria o sobre la ley vinculada a la reforma requiere la existencia concreta de un “caso o controversia judicial”, remarcando además la necesidad de actuar con “máxima prudencia” frente a cuestiones de carácter político e institucional.
Dentro del Gobierno provincial consideran que el pronunciamiento fortalece la postura oficial respecto a la continuidad del proceso de reforma constitucional, una iniciativa que en las últimas semanas quedó en el centro de la agenda política fueguina tras los cuestionamientos de sectores opositores, intendentes y dirigentes provinciales.
Y también aseguran que la Fiscalía ratificó que la competencia sobre el cronograma electoral corresponde al Juzgado Electoral provincial, en el marco de la Ley Provincial 201 que regula el procedimiento electoral vigente.
