El Gobierno nacional salió hoy al cruce del rechazo expresado por la Provincia de Tierra del Fuego por el ingreso del VS PROMISE, un buque petrolero de bandera británica que amarró en el Puerto de Ushuaia para realizar tareas de aprovisionamiento, terminal que hoy está en manos de Nación a través de una intervención.
Ante la pregunta de un periodista en la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la embarcación había cargado petróleo crudo previamente en la zona de la cuenca del puerto Cuyén, en el norte de Tierra del Fuego, y que posteriormente se dirigió a Ushuaia para abastecerse.
Según explicó el funcionario, el buque “venía de trabajar en Argentina” y “venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, por lo que cuestionó el planteo realizado por el Gobierno fueguino sobre su ingreso al puerto.
Ravier también señaló que la monoboya desde la cual habría cargado el petróleo se encuentra bajo jurisdicción provincial y afirmó que, por ese motivo, fueron las autoridades fueguinas quienes avalaron inicialmente la operación del buque.
El vocero presidencial sostuvo además que el ingreso del VS Promise no viola la legislación vigente en Tierra del Fuego y puso el foco en el alcance de la denominada Ley Gaucho Rivero.
Según explicó, la norma provincial no establece una prohibición general para el ingreso de cualquier buque vinculado con el Reino Unido, sino que alcanza a embarcaciones relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
En ese sentido, Ravier afirmó que esa condición no se cumpliría en este caso porque el petróleo transportado por el buque habría sido cargado en territorio fueguino y no en la cuenca de Malvinas.
Por ese motivo, sostuvo que “las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque”, mientras que desde Nación se autorizó posteriormente su aprovisionamiento en el puerto.
“No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ningún riesgo para la Argentina”, afirmó el funcionario nacional.
Finalmente, Ravier señaló que la operación del buque también "genera actividad económica dentro de Tierra del Fuego" y remarcó que, según la posición del Gobierno nacional, se trata de una cuestión que se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades fueguinas.
