Informe 24 Horas | TVN
Una intensa ola de repercusiones y cuestionamientos diplomáticos se desató en las últimas horas tras los recientes dichos del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, quien defendió la apertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas y lanzó definiciones sobre el conflicto de soberanía en el Atlántico Sur.
El funcionario chileno generó malestar y duras reacciones al señalar que, aunque su país reconoce la postura argentina, existe una situación de hecho vinculada al ejercicio de soberanía británica y que una solución debe considerar la voluntad de los habitantes del archipiélago.
Estas afirmaciones despertaron un fuerte rechazo en el ámbito político e informativo trasandino y argentino, ya que chocan de manera directa con la postura de la Argentina respecto a la invalidez del principio de autodeterminación en un territorio usurpado.
A la controversia diplomática se sumó el respaldo explícito de la autoridad militar a las reuniones de negocios entre empresarios de Punta Arenas y la delegación isleña, una iniciativa que busca habilitar un canal directo de abastecimiento marítimo hacia fin de año y que enfrenta la advertencia de sanciones por parte del gobierno argentino.
Frente al revuelo generado y al impacto en la agenda bilateral, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, debió salir públicamente a marcar los límites institucionales al recordar que la posición respecto a la política exterior chilena la fijan únicamente el Presidente de la República, el Canciller y quienes ejercen labores de vocería oficial.
El episodio avivó además el debate interno en Chile, donde sectores de la oposición y del propio oficialismo manifestaron su preocupación por las reiteradas descoordinaciones comunicacionales en carteras clave y llegaron a solicitar cambios en el gabinete para ordenar la gestión pública.
