El Municipio de Río Grande volvió a reclamar al Gobierno de Tierra del Fuego una respuesta concreta por los fondos de coparticipación que considera pendientes de transferencia y cuya deuda, según sus registros, supera los $17.294 millones. La tercera reunión con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, concluyó sin un compromiso de pago ni un cronograma para regularizar los montos reclamados.
La secretaria de Finanzas municipal, Valeria Capotorto, participó del encuentro en representación de la gestión del intendente Martín Pérez, junto a funcionarios de las áreas económicas de Ushuaia y Tolhuin. El objetivo planteado por Río Grande era obtener precisiones sobre la devolución de los recursos que, de acuerdo con la documentación municipal, la Provincia ya habría recibido y no habría transferido dentro de los plazos correspondientes.
Desde el Municipio señalaron que Barrozo no pudo precisar cómo ni cuándo se cancelará la deuda acumulada. También cuestionaron que, pese a los reclamos realizados y a una intimación formal presentada ante las autoridades provinciales, todavía no exista una propuesta concreta para recuperar esos fondos.
Uno de los puntos centrales quedó plasmado en la minuta de trabajo firmada al finalizar la reunión. Según informó el Municipio, la Provincia se comprometió a reducir los días de demora en las transferencias y a dar prioridad a los expedientes más antiguos en caso de recibir recursos extraordinarios.
El documento también establece que, si esos fondos no llegan, el Ministerio de Economía trabajará en una propuesta para disminuir los retrasos. Sin embargo, desde Río Grande advirtieron que ninguna de las alternativas fija una fecha para cancelar la deuda ni determina qué montos se transferirán para comenzar a regularizarla.
El reclamo municipal sostiene que no se trata de una solicitud de asistencia financiera, sino de la restitución de recursos coparticipables que corresponden a la ciudad. Para respaldar su planteo, la administración de Martín Pérez indicó que cuenta con registros del Ministerio de Economía de la Nación y con dictámenes e informes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.
La controversia se produce luego de que el Gobierno provincial reconociera las restricciones que atraviesan las finanzas públicas y atribuyera las dificultades en las transferencias a la insuficiencia general de recursos. En una reunión anterior, el Ministerio de Economía había presentado los montos enviados a cada municipio durante los primeros diez meses del año. Río Grande, por su parte, sostiene que esas cifras no responden al punto central de su reclamo: los fondos que considera pendientes y los plazos en que deben ser transferidos.
Desde el Municipio advirtieron que las demoras afectan la previsibilidad de las cuentas locales y condicionan la planificación de servicios y prestaciones, entre ellos la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, las obras y los dispositivos municipales de salud.
También señalaron que la falta de transferencia oportuna de recursos ya percibidos podría derivar en responsabilidades para los funcionarios intervinientes, una cuestión que, indicaron, deberá analizarse conforme a la normativa vigente. En ese sentido, la administración municipal anticipó que evaluará las medidas administrativas y judiciales que correspondan para resguardar los fondos reclamados.
Pese a la falta de un acuerdo sobre la cancelación de la deuda, las partes resolvieron mantener una mesa de trabajo permanente para analizar la evolución de los recursos nacionales y provinciales y el esquema de coparticipación. Los próximos encuentros quedaron previstos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia.
Para Río Grande, el resultado de esta tercera reunión dejó pendiente la cuestión principal: conocer qué destino tuvieron los fondos que reclama y contar con un mecanismo concreto, con plazos definidos, para recuperar los recursos. Mientras tanto, la intimación formal presentada por el Municipio continúa vigente.
