El ex funcionario durante la época kirchnerista había sido condenado por la tragedia ferroviaria de Once y otras causas de corrupción contra el Estado nacional.
Nacionales15/03/2023
El exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, obtuvo la libertad condicional tras permanecer 7años tras las rejas por su culpabilidad en la tragedia de Once, como así también otras condenas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado Nacional.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que tiene a su cargo la realización del juicio de la causa de los "Cuadernos" de los supuestos sobornos en la obra pública, ordenó hoy liberar al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, por su "delicado cuadro de salud", informaron fuentes judiciales.
En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron "el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año", el próximo sábado, detallaron las fuentes.
No obstante, "se dispondrá la inmediata libertad del nombrado desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad".
La libertad de Jaime, entonces, quedó sujeta a esa verificación y desde su entorno sostienen que a pesar de las condenas en su contra y de las prisiones preventivas de debió cursar, el exsecretario de Transporte (2003-2009) ahora está en condiciones de salir del penal de Ezeiza con las condiciones de sujeción fijadas por el TOF 7.
En la resolución, los jueces establecieron que cuando Jaime recupere su libertad debe "someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación" y tiene la "obligación de notificar a esta sede cualquier cambio de domicilio, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse del mismo por más de 48 horas o más de 70 kilómetros".
También le prohibieron la salida del país sin autorización previa y le impusieron "la entrega del pasaporte que tuviere en su poder a través de la defensa - en caso de contar con dicho documento- e interdicción de expedir nuevos a su nombre".
Como última medida ordenaron "la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS - Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica-".
La decisión del tribunal fue alcanzada por mayoría, con la disidencia parcial de uno de los jueces: los magistrados Enrique Méndez Signori y Germán Castelli votaron por dictar el cese de la prisión preventiva y disponer la libertad del imputado con ciertas medidas de sujeción, mientras que el juez Fernando Canero opinó que debía ser enviado a continuar con el encierro en su domicilio.
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