El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y flexibiliza determinados mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales. Entre los espacios que acompañaron estuvieron Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
El proyecto busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias, eliminar los actuales topes de ingresos y patrimonio y modificar los criterios utilizados para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre lo declarado por un contribuyente y la información disponible para ARCA.
Uno de los objetivos señalados por el oficialismo es facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero, incluidos los denominados “dólares del colchón”. La nueva normativa también incorpora mecanismos vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones juradas y el denominado “tapón fiscal”.
Durante el debate, el bloque peronista se manifestó en contra de la iniciativa. Su presidente, José Mayans, sostuvo que la norma forma parte de un esquema que, según su interpretación, favorece un proceso de blanqueo de capitales. “No es para los trabajadores, esta ley no es para los jubilados, esta ley no es para los pensionados”, afirmó Mayans durante su intervención.
El senador también cuestionó las explicaciones públicas brindadas por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio y vinculó esa discusión con el tratamiento de la normativa. La referencia fue utilizada por Mayans para cuestionar la exclusión y el tratamiento de los funcionarios públicos dentro del nuevo régimen.
Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la iniciativa bajo el argumento de que busca reducir la carga burocrática y establecer un sistema basado en la presunción de buena fe de los contribuyentes.
La versión sancionada también mantiene restricciones para que funcionarios públicos y otras personas alcanzadas por determinadas condiciones de exposición pública puedan acceder a los beneficios del régimen, aunque desde la oposición señalan que es una "farsa" ya que todos pueden pasarse al régimen simplificado y así evadir.
