Mediante un decreto, se estableció cómo deberán ser los procedimientos de empresas estatales o con participación estatal, como así también modificar organismos públicos. La idea es "implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público", aseguran.
Nacionales05/08/2024
A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno nacional reglamentó este lunes los procedimientos de privatización de las empresas estatales y las normas que deben cumplirse, así como también los procesos administrativos y normas relacionadas al empleo público en el marco de la norma sancionada por el Congreso de la Nación.
Mediante el Decreto 695, publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se fijó los procedimientos específicos a seguir para privatizar empresas estatales con participación estatal como así también la posibilidad de reestructuración de los órganos u organismos estales.
En su cuenta de X (Twitter) Sturzenegger, aseguró que el decreto que reglamenta la Ley Bases permitirá alcanzar "tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas".
El funcionario aseguró que la reglamentación permitirá a los empleados del sector público capacitarse y, en caso de conseguir empleo en el sector privado, sus sueldos previos en el Estado podrán ser tomados en cuenta. "Durante este período podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores", sostuvo.
"Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos de la Ley Bases", agregó.
La resolución señala que "el Poder Ejecutivo podrá disponer la reestructuración de los órganos u organismos de la administración central o descentralizada".
En esa línea, se avanza con las privatizaciones: el Ejecutivo podrá intervenir en las empresas públicas y disponer la "fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires".
También se autorizó a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
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