Mediante el Decreto 70/2025, el Gobierno nacional anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, bajo el argumento de "que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
Con la disolución de esta Secretaría, se destaca que la mayoría de las tareas que anteriormente eran responsabilidad de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se realizaban a través de tres fondos fiduciarios, los cuales se encuentran actualmente disueltos o en proceso de disolución. Estos fondos habían registrado un uso inadecuado de los recursos públicos, falta de controles y de resultados, lo que motivó la decisión gubernamental, según argumenta la medida.
Se explica que entre los fondos afectados, se encuentra el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuya disolución fue definida en el Decreto 1018/2024. Una auditoría de la SIGEN había detectado fallas significativas en el programa, incluyendo demoras en la entrega de viviendas y la falta de condiciones adecuadas en las unidades entregadas.
Además, mediante el Decreto 6/2025, también se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. El Gobierno Nacional también está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
En su comunicado, la Casa Rosada afirmó que con estas decisiones se busca cambiar "el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", marcando un giro en la gestión del Estado en materia de políticas habitacionales.
