La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal por la ocupación ilegal de terrenos municipales

La Municipalidad de Ushuaia presentó formalmente una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción N°3, en el marco de la causa iniciada por la ocupación ilegal de terrenos municipales registrada durante la noche del 17 de octubre en el sector de Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.

La presentación fue realizada por el secretario de Gobierno, César Molina Holguín, y el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, quienes actuaron en representación del Ejecutivo municipal y solicitaron la constitución del Municipio como parte querellante, con el objetivo de acompañar el proceso judicial y aportar toda la documentación y pruebas recolectadas en el lugar.

Según la denuncia, los hechos se desarrollaron de manera organizada y coordinada, mediante grupos de mensajería que promovieron el ingreso al predio, el armado de estructuras precarias y el desmonte de sectores del bosque urbano.

Entre las pruebas presentadas, se incorporaron audios y mensajes que evidencian la planificación previa de la toma, e incluso expresiones de uno de los principales impulsores, Diego Cerroti (con perfil en las redes de ser del Nuevo Partido Político "Renovar ideas) quien en las grabaciones se atribuye “ser el dueño de la montaña” y afirma que “estaban calzados”, en alusión a la posible presencia de elementos de intimidación.

Desde el Ejecutivo se destacó que la denuncia busca proteger el patrimonio público y el orden urbano, en el marco de una política sostenida de acceso regular al suelo a través de los programas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

Asimismo, el Municipio remarcó que los hechos ocurrieron a una semana de las elecciones nacionales y que las personas identificadas en el lugar no figuran en el padrón de demanda habitacional vigente, ni tienen antecedentes en programas sociales, lo que permitiría inferir una motivación política o económica detrás de la ocupación.

Finalmente, la Municipalidad reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el uso responsable del suelo urbano, garantizando que toda asignación de tierras se realice bajo criterios de equidad, planificación y respeto por la normativa vigente.