La Comisión Investigadora de $LIBRA acusa a Javier y Karina Milei de responsabilidad política en una presunta estafa millonaria

La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA aprobó este martes su informe final y desató un fuerte terremoto político: el documento describe una presunta estafa a miles de usuarios, atribuye responsabilidad directa al presidente Javier Milei, señala a Karina Milei como partícipe política, denuncia maniobras de encubrimiento dentro del Gobierno y cuestiona al Poder Judicial por frenar medidas clave para avanzar en la investigación.

Presunta estafa y “ardid y engaño”
El informe sostiene que la operatoria con la criptomoneda $LIBRA sería compatible con una presunta estafa tipificada en el artículo 172 del Código Penal. Para la Comisión, el Presidente “prestó una colaboración imprescindible” en la maniobra, al promocionar públicamente el token como un instrumento legítimo de inversión, cuando —según los informes técnicos incorporados— se trataba de una memecoin diseñada para un “rug pull”, es decir, una maniobra para inflar artificialmente su valor y luego retirarse con los fondos invertidos.

El documento remarca que 114.410 billeteras virtuales sufrieron pérdidas, incluyendo:

• 498 personas que perdieron más de 100 mil dólares,
• 3.144 con pérdidas de entre 10 mil y 100 mil dólares,
  mientras que apenas 36 billeteras ganaron más de 1 millón de dólares cada una, lo que refuerza la hipótesis de información privilegiada.
• Un número de contrato no público y vínculos previos
• Uno de los puntos más llamativos es que Milei difundió un número de contrato asociado a $LIBRA que no era de acceso público. Según la Comisión, el Presidente “nunca explicó cómo obtuvo esa información”, lo que fortalece la sospecha de un vínculo previo con los creadores del token.

Los datos aportados por exchanges internacionales (Binance, Gate.io, OKX) revelarían transferencias de fondos entre los principales involucrados, incluyendo a:

• Hayden Davis
• Mauricio Novelli
• Manuel Terrones Godoy
• Sergio Morales.

El informe subraya que estos movimientos coinciden en montos y fechas con un presunto acuerdo para “monetizar la imagen presidencial”, con transferencias detectadas por USD 300.000 en noviembre de 2024 y USD 250.000 en enero de 2025.

Patrón repetido: $LIBRA no fue un caso aislado
La Comisión asegura que esta operatoria no es un caso aislado y menciona antecedentes como $KIP, CoinX y Vulcano, donde también se registraron movimientos irregulares, desplomes abruptos en el valor de los tokens y participación de actores cercanos al oficialismo.

En el caso de $KIP, el análisis de Gate.io indica que Terrones Godoy recibió tokens que luego transformó en USDT y transfirió parte de esos fondos a Novelli. La imagen de Milei, según el informe, también fue utilizada para promocionar esa criptomoneda.

Falta total de control estatal
El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que no existió control estatal previo sobre $LIBRA antes de su difusión presidencial. La Comisión concluye que hubo una “omisión absoluta de protocolos institucionales”, tanto en este caso como en los antecedentes similares, lo que sugiere una posible voluntad deliberada de eludir regulaciones.

Afirmaciones falsas del Presidente
El informe desmiente declaraciones públicas de Milei, quien aseguró que “no más de cinco argentinos” habrían operado $LIBRA. La exchange Ripio informó formalmente que solo en su plataforma participaron 1.329 argentinos, y en total, a nivel global, más de 114 mil billeteras registraron pérdidas.

Responsabilidad política de Javier y Karina Milei
En un punto de máxima tensión institucional, la Comisión afirma que tanto Javier Milei como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tienen responsabilidad política en la maniobra.

El informe cita además una resolución de octubre de 2025 de la jueza federal de Nueva York, Jennifer Rochon, quien sostuvo que los fondos obtenidos con $LIBRA podrían pertenecer al propio Presidente y a su hermana.

Denuncias contra funcionarios y medidas judiciales
La Comisión resolvió:

• Denunciar penalmente a funcionarios del Poder Ejecutivo que, según el documento, “entorpecieron” la investigación.
• Denunciar ante los órganos competentes a funcionarios del Poder Judicial que se negaron a colaborar.
  Presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por la negativa judicial a permitir la citación de
• funcionarios del Gobierno.
• Remitir al Juzgado actuante toda la documentación reunida.

Un final abierto con impacto institucional
El informe concluye recomendando al pleno de la Cámara de Diputados que evalúe si el Presidente incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, una figura contemplada en la Constitución para iniciar un eventual proceso de juicio político.

La difusión del informe ya generó fuertes reacciones en el oficialismo y la oposición, y anticipa una escalada institucional que promete repercusiones en los próximos días.