La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este martes por unanimidad una ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o financien actos que el Gobierno define como piratería, bloqueos u otros crímenes internacionales.
La iniciativa, denominada “Ley para garantizar la libertad de navegación y comercio contra la piratería, los bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, fue presentada por el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La sanción de la ley se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, luego de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un superpetrolero sancionado que transportaba crudo venezolano y intentara interceptar otros dos buques vinculados al país sudamericano en los últimos días.
Funcionarios estadounidenses señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir la evasión de sanciones y el tráfico de drogas, mientras que Caracas las interpreta como bloqueos ilegales al comercio internacional.
Las recientes interceptaciones representan el golpe más duro contra la estatal PDVSA desde 2020, cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a socios comerciales clave, incluidas filiales de la petrolera rusa Rosneft, lo que derivó en una fuerte caída de la producción y las exportaciones venezolanas. PDVSA ya se encontraba bajo sanciones desde 2019.
En paralelo, Washington ha incrementado la presencia militar en el Caribe y ha denunciado operaciones vinculadas al narcotráfico en la región, acusaciones que el gobierno de Nicolás Maduro rechaza y califica como parte de una estrategia de presión internacional.
