Tierra del Fuego

Tierra del Fuego ampliará su demanda ante la Corte Suprema por la intervención del Puerto de Ushuaia

La Provincia cuestiona que Nación justifique la prórroga con un plan de obras que, según su análisis, en su mayoría no está en ejecución y que ya estaba previsto en los planes fueguinos.
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El Gobierno de Tierra del Fuego prepara una ampliación de demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nuevas actuaciones administrativas para frenar la continuidad de la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia. La estrategia oficial busca incorporar la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) como un hecho nuevo que agrava el conflicto institucional por la terminal marítima.

La secretaria de Coordinación Legal de la provincia, Mariángeles Arroyo, confirmó que los equipos jurídicos del Ejecutivo y de la Dirección Provincial de Puertos trabajan en la presentación judicial. "Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos", sostuvo la funcionaria al referirse a la extensión de la medida dispuesta por el Gobierno nacional.

Cuestionamientos al plan de obras y acusaciones de falsedad

Uno de los ejes centrales de la ofensiva judicial fueguina apunta a desarticular los argumentos técnicos de la ANPyN sobre las supuestas deficiencias de infraestructura en el muelle local. Según detalló Arroyo, de las nueve tareas incluidas por Nación bajo el ítem de "obras en ejecución", apenas una se encuentra realmente en marcha desde septiembre pasado, mientras que las ocho restantes tienen plazos proyectados recién entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

"Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial", afirmó la funcionaria.

Arroyo agregó que gran parte de los trabajos anunciados por la autoridad nacional ya figuraban en la planificación de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes en trámite antes de la intervención. Además, minimizó la envergadura de las tareas proyectadas por Nación: "La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia".

muelle puerto UshuaiaQué dice la resolución que prorroga la intervención del Puerto de Ushuaia

La presentación provincial también abordará el impacto financiero y laboral que genera la continuidad de la intervención. Arroyo cuestionó el desplazamiento de personal de la Dirección Provincial de Puertos y advirtió que el Estado fueguino sigue pagando los sueldos de los empleados que quedaron marginados de la gestión nacional. "Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera", señaló, alertando que sostener esta situación en el tiempo compromete la capacidad de la Provincia para afrontar sus obligaciones salariales.

En paralelo, el Gobierno de Tierra del Fuego intimó a la Nación a transparentar la recaudación generada por la operatoria portuaria desde el inicio de la intervención y el destino de esos fondos. De acuerdo con la secretaria legal, tanto la Dirección Provincial de Puertos como otros organismos realizaron pedidos de informes formales que aún no recibieron respuesta.

De cara a los próximos pasos en el máximo tribunal del país, Arroyo ratificó la postura del Ejecutivo fueguino sobre el futuro de la terminal: "La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial".

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