El Gobierno nacional avanza con nuevos controles para definir quiénes acceden a los subsidios energéticos

El Ministerio de Economía avanza hoy con el proceso de reordenamiento de los subsidios a la energía al aprobar los indicadores de exteriorización patrimonial y capacidad económica, donde establecerán qué hogares podrán acceder, mantenerse o ser excluidos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida fue oficializada a través de disposiciones de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, en el marco del Decreto 943/2025, que unificó los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y puso fin al período de transición iniciado en 2024.

Según lo dispuesto, el Estado realizará cruces de información entre bases de datos oficiales —entre ellas ANSES, ARCA y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)— para verificar ingresos declarados, composición del grupo familiar, georreferenciación del domicilio y posibles indicadores patrimoniales que evidencien capacidad de pago.

El régimen SEF está destinado a hogares cuyos ingresos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar Tipo 2, aunque también contempla situaciones especiales como la presencia de personas con Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios de pensiones a veteranos de la Guerra de Malvinas o integrantes con Certificado de Vivienda Familiar.

En paralelo, el Gobierno aprobó un nuevo formulario de Declaración Jurada, que permitirá a los usuarios residenciales actualizar o incorporar información personal en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Si bien quienes ya estaban inscriptos en el antiguo RASE no deberán reinscribirse obligatoriamente, sí podrán actualizar sus datos para evitar inconsistencias que deriven en la pérdida del beneficio.

Las autoridades aclararon que la aplicación de estos indicadores busca reducir errores de inclusión, garantizar una distribución más equitativa de los subsidios y fomentar el uso racional de la energía, respetando criterios de gradualidad, razonabilidad y protección de los sectores vulnerables.