El director de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, expresó fuertes críticas a la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia, al asegurar que la medida se ejecutó sin cumplir los procedimientos administrativos básicos y que, en menos de 24 horas, la Nación comenzó a facturar y cobrar los servicios portuarios.
En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, Murcia confirmó que la Dirección Provincial presentó un recurso administrativo contra la resolución de intervención, mientras que el Gobierno de Tierra del Fuego avanzó en paralelo con una presentación judicial. “Estamos presentando ahora mismo todo un recurso contra la resolución. Esto no tiene sustento administrativo”, sostuvo.
El funcionario relató que la intervención se concretó de manera abrupta, sin notificación formal previa. “Me apersoné esa misma noche y les dije que no estaban cumpliendo el procedimiento. La respuesta fue que tenían una resolución firmada y que venían a cumplirla con Prefectura. Oficialmente no nos habían notificado; después me mandaron un WhatsApp”, afirmó. Recién horas más tarde comenzaron a ingresar los correos electrónicos y trámites administrativos, cuando el puerto ya había sido tomado.
Murcia advirtió además que personal clave del puerto fue impedido de ingresar a sus lugares de trabajo, incluyendo seguridad, fiscalización, operaciones, talleres y servicios generales. “No dejaron entrar a nadie de planta permanente. Hoy hay equipamiento, documentación y maquinaria a cargo de personas que no pueden acceder. Eso es gravísimo”, remarcó, y confirmó que esas situaciones también forman parte de las denuncias presentadas.
Uno de los puntos más sensibles, según el titular de Puertos, es el impacto económico inmediato de la intervención. “A mí me sorprende que a menos de 24 horas ya estén cobrando. Fue lo primero que hicieron: notificar a todas las empresas que desde ahora deben pagarle a Nación”, señaló. Desde ese momento, explicó, la Dirección Provincial perdió la totalidad de los ingresos generados por el Puerto de Ushuaia, principal fuente de financiamiento del organismo.
Murcia fue tajante al afirmar que el muelle sigue funcionando con normalidad, prestando todos los servicios logísticos. “Lo tengo que ver desde la vereda, pero el puerto funciona perfecto. Parece que la intervención fue mágica: en un día se solucionaron todos los supuestos problemas”, ironizó. En ese sentido, sostuvo que el verdadero trasfondo es económico: “Acá cambiaron la caja. Se están llevando la recaudación”.
También cuestionó la contradicción de fondo de la medida nacional: “Los mismos organismos que hoy intervienen el puerto son los que participaron en el proyecto, la licitación y la inspección de la ampliación del muelle. Es incomprensible que ahora vengan a decir que todo estaba mal”.
Finalmente, Murcia advirtió que la intervención implica una intromisión directa sobre una jurisdicción provincial, y no descartó un trasfondo político. “Esto claramente tiene un tinte político y es una presión al gobernador. Nosotros vamos a seguir actuando por la vía administrativa y judicial para recuperar lo que es de la provincia”, concluyó.
