Una fuerte denuncia pública sacudió en las últimas horas al sistema de tercerización de servicios en centros de salud de Ushuaia. Antonella Sequeira, ex trabajadora de la cooperativa Polar Sur, aseguró que junto a otros compañeros sufrió atrasos salariales reiterados, precarización laboral y despidos repentinos mientras prestaban tareas en los CAPS de la ciudad.
Según relató en el programa "El Angel de la Radio" de FM Monumental, al comenzar la relación laboral se les informó que percibirían un salario equivalente al mínimo local y que los pagos se realizarían entre los primeros días y el 15 de cada mes.
Sin embargo, sostuvo que con el correr del tiempo comenzaron las demoras. “Primero pagaban entre el 20 y 25, después directamente a principios del mes siguiente. Cuando reclamábamos, se enojaban”, afirmó.
La trabajadora indicó que el vínculo con la conducción de la cooperativa era prácticamente inexistente y que las comunicaciones se realizaban mediante encargadas identificadas como Estefanía y Julieta. Además, señaló como presidente de la entidad a Eduardo Julio Uribe, a quien acusó de no mantener reuniones con el personal ni brindar explicaciones directas.
Sequeira aseguró que muchos empleados prestaban tareas sin registración formal y bajo una modalidad que, según dijo, encubría una relación laboral. Explicó que figuraban como monotributistas, aunque cumplían horarios fijos y órdenes directas. “Nos hacían entrar en horarios establecidos, cuando un monotributista no debería estar sujeto a eso”, expresó.
También afirmó que les descontaban dinero por ausencias, incluso por cuestiones de salud, y que algunas guardias eran abonadas al mes siguiente o directamente quedaban pendientes.
De acuerdo con su testimonio, el salario rondaba los 450 mil pesos mensuales, más un adicional por presentismo de 50 mil pesos.
La ex empleada sostuvo que luego de una serie de reclamos por falta de pago, la cooperativa abonó lo adeudado correspondiente a marzo y, ese mismo día, comunicó la desvinculación del personal. “Vinieron y nos dijeron de frente que quedábamos afuera. Sin previo aviso”, señaló.
Ante esta situación, indicó que iniciaron consultas legales para reclamar indemnizaciones y regularización laboral. No obstante, manifestó dudas sobre la posibilidad de cobro ante supuestas deudas financieras del responsable de la firma.
Además, cuestionó que la cooperativa continuaría con contratos estatales millonarios mientras persisten las denuncias de precarización laboral.
Finalmente, Sequeira pidió mayor intervención de los organismos competentes y advirtió a otras personas que busquen empleo sobre este tipo de situaciones. “Que la gente se fije dónde entra a trabajar. Se aprovechan de la necesidad de la gente”, concluyó.
