Qué dice la resolución que prorroga la intervención del Puerto de Ushuaia

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó ayer la Resolución 69/2026, el documento que extiende el control federal sobre el Puerto de Ushuaia, en el que se argumenta que el plazo original de doce meses dispuesto en enero pasado no logró cumplir con los objetivos trazados y advierte que la Provincia no recuperará la administración hasta que se concreten las obras pendientes.
De acuerdo con los considerandos de la resolución, la intervención se justificó originalmente por graves incumplimientos de la Dirección Provincial de Puertos, entre los que se detallan el deterioro estructural del muelle comercial, las deficiencias en materia de seguridad, la falta de control ambiental y el desvío de fondos portuarios. El documento reconoce que hubo avances en la gestión desde enero, pero enfatiza que la magnitud de las necesidades requiere mantener la medida.
Para que la Nación levante la intervención, el texto oficial aprueba un Plan de Obras de Infraestructura. El anexo detalla las tareas exigidas, que incluyen el recambio integral del muelle comercial, la reparación de los sitios 3 y 5, y la construcción de nuevos muelles para catamaranes junto con la puesta en valor de sus sanitarios. También se exige la ampliación de las redes de agua y electricidad, la instalación de una nueva red contra incendios, la repavimentación de la playa de contenedores y el reflotamiento del Dique Y-3.
El documento también pone el foco en las fallas de seguridad y sistemas; la resolución establece que quedan pendientes la auditoría de protección ante la Prefectura Naval Argentina, la renovación de las cámaras de seguridad, la regularización de los dispositivos de salvamento y la integración completa de los sistemas operativos y contables.
Por último, el texto oficial establece en su artículo tercero una adecuación de la planimetría de la intervención. Esta medida amplía el alcance del control federal a toda la infraestructura portuaria, la maquinaria y los equipamientos, e incluye explícitamente los espejos de agua y espacios acuáticos lindantes.
La resolución instruye además notificar la medida a la Aduana, a Prefectura y al Gobierno de la Provincia.
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