El Gobierno de Tierra del Fuego presentó oficialmente el Protocolo de Recuperación de Restos Humanos Arqueológicos, un instrumento que fija procedimientos ante hallazgos fortuitos y busca resguardar tanto el patrimonio histórico como los derechos de las comunidades originarias.
La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Cultura, dependiente de la Agencia de Innovación, y se desarrolló en conjunto con la Subsecretaría de Pueblos Originarios, con asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es contar con normas claras para actuar en situaciones donde aparezcan restos humanos en excavaciones, obras o descubrimientos accidentales, evitando daños y garantizando una intervención adecuada.
Durante la presentación participaron representantes de pueblos originarios, integrantes de fuerzas de seguridad e investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y del CADIC-CONICET.
El secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez, explicó que el protocolo permite definir responsabilidades, formas de resguardo y el cumplimiento de la legislación nacional vigente.
Por su parte, la subsecretaria de Pueblos Originarios y Diversidades Culturales, Pamela Altamirano, sostuvo que la medida reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos y garantiza que las comunidades Yagán y Selk’nam tengan acceso a la información y participación directa ante cada hallazgo.
Entre los principales puntos, el documento dispone que solo profesionales habilitados en Antropología o Arqueología podrán manipular restos humanos encontrados.
También se establece que cualquier ciudadano que detecte este tipo de hallazgos deberá informar de inmediato al área de Patrimonio o al Museo del Fin del Mundo, para que especialistas evalúen la situación y coordinen los pasos a seguir junto a las comunidades involucradas.
Otro aspecto central es la prohibición de exhibición pública de restos humanos y la fijación de plazos de hasta 60 días para informes preliminares técnicos.
Con esta herramienta, Tierra del Fuego busca adecuarse a estándares internacionales vinculados a derechos indígenas, memoria histórica y ética científica.
