Lapadula reclamó una ley para garantizar el giro automático de fondos a municipios en la Legislatura

El legislador Matías Lapadula se refirió al debate por la transferencia de fondos a los municipios y defendió la necesidad de avanzar en una ley que garantice el envío automático y diario de recursos, en medio de cuestionamientos por demoras en los pagos.

Desde el bloque Provincia Grande, explicó que se impulsó un proyecto propio para establecer mecanismos automáticos de transferencia, mientras que desde el Partido Justicialista se presentó una iniciativa más amplia. Según indicó, ambas propuestas fueron tratadas por separado, diferenciando el esquema de coparticipación municipal del financiamiento destinado a los Centros de Educación Física (CEF).

Lapadula remarcó que el objetivo central es brindar previsibilidad a los municipios respecto de los fondos que les corresponden por ley. En ese sentido, cuestionó la postura del Ministerio de Economía de Tierra del Fuego, al señalar que “es difícil avanzar en el diálogo” cuando se niega la existencia de atrasos, que —según afirmó— alcanzan los 35 días.

El legislador sostuvo que una parte significativa de los recursos, especialmente los provenientes de la coparticipación federal, podrían transferirse de manera automática en un plazo de 24 horas, ya que se trata de montos “exactos y conocidos” diariamente.

Asimismo, advirtió que la demora en la distribución de fondos impacta directamente en el funcionamiento de los municipios, no solo en su administración financiera sino también en la prestación de servicios esenciales. Como ejemplo, mencionó el caso de Río Grande, donde el municipio tiene a su cargo servicios como agua potable, cloacas y un sistema de salud con múltiples dispositivos.

En ese marco, afirmó que la falta de recursos en tiempo y forma puede comprometer la continuidad de esas prestaciones. “No se trata de ahogar al gobierno provincial, sino de garantizar que cada jurisdicción reciba lo que le corresponde”, señaló.

Finalmente, Lapadula consideró que una ley de estas características permitiría ordenar las finanzas tanto de los municipios como del propio gobierno provincial, y remarcó que el debate sobre los retrasos en la coparticipación es un problema de larga data que requiere una solución estructural.