La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, expresó la “preocupación” del Ejecutivo capitalino tras el veto del gobernador Gustavo Melella a la Ley de Goteo automático de coparticipación aprobada por la Legislatura fueguina y advirtió que el Municipio podría avanzar judicialmente si no se alcanza una solución institucional.
La funcionaria reconoció que el veto “era una de las posibilidades”, aunque alertó que la decisión provincial “afecta y perjudica a todos por igual, al Municipio, a los vecinos y a los trabajadores municipales”.
En ese sentido, afirmó que la falta de previsibilidad en el envío de recursos dificulta sostener el funcionamiento cotidiano de la ciudad y condiciona la capacidad financiera del Municipio. “Por más buena voluntad que tengamos, si no llegan los recursos es imposible proyectar y garantizar pagos a proveedores, la prestación de servicios, la planificación de nuevos programas y sentarnos a una mesa salarial con números reales”, expresó.
En ese contexto, remarcó que el conflicto económico continúa abierto debido a que “la deuda del Gobierno provincial se mantiene” y persisten las demoras en las transferencias de fondos coparticipables. “Esto nos vuelve a dejar en una posición de reclamo y de necesidad urgente”, señaló.
Garay cuestionó además que el veto no haya estado acompañado por una propuesta concreta para resolver la situación financiera entre Provincia y municipios. “El veto no fue acompañado con la cancelación de la deuda ni hubo un diálogo institucional que permita ponernos de acuerdo sobre cómo salimos de esta situación financiera compleja”, indicó.
Respecto al sistema actual de transferencias, explicó que si bien existen envíos semanales de recursos, el Municipio no cuenta con previsibilidad sobre fechas ni montos exactos. “Hay transferencias que son semanales, pero lo que no podemos saber es cuándo van a llegar”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que la deuda acumulada por la Provincia supera actualmente los 30 días y afirmó que “no se achica por más transferencias semanales que realicen”.
Consultada sobre las razones detrás de las demoras, Garay consideró que existen motivaciones políticas además de cuestiones administrativas o técnicas. “Me parece que son más políticas que técnicas. Si fueran técnicas ya hubieran explicado por qué no pueden transferir ni saldar lo que deben al Municipio”, expresó.
