El gobernador Gustavo Melella resolvió vetar este viernes dos leyes sancionadas recientemente por la Legislatura provincial: una vinculada al sistema de transferencia automática de fondos coparticipables a los municipios y otra que buscaba dejar sin efecto el proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que ambas iniciativas presentaban “graves inconsistencias” jurídicas, administrativas y financieras.
Uno de los vetos recayó sobre la norma que establecía un mecanismo de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios.
El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, aseguró que la ley “es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.
“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, afirmó.
Según explicó el Gobierno, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los organismos jurídicos coincidieron en advertir que el esquema aprobado carecía de viabilidad técnica y operativa.
En los fundamentos del veto se indicó que una transferencia automática diaria, sin los controles correspondientes, podría derivar en giros indebidos y afectar recursos con asignación específica destinados a salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.
Además, el Ejecutivo sostuvo que el mecanismo propuesto limitaba la capacidad financiera de la Provincia para responder ante emergencias y comprometía el funcionamiento integral del Estado.
El segundo veto fue sobre la ley sancionada por la Legislatura que intentaba dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la reforma constitucional ya constituye un proceso institucional en marcha, iniciado conforme a los mecanismos previstos por la Carta Magna provincial y acompañado por la convocatoria formal a elecciones de convencionales constituyentes.
El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que “lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”.
“La convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”, expresó.
Canals remarcó además que “no se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido” y sostuvo que “todo el proceso se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo advirtió que permitir la interrupción de un proceso constituyente ya iniciado generaría “inseguridad institucional” y habilitaría a mayorías circunstanciales a revertir decisiones constitucionales según coyunturas políticas transitorias.
También señalaron que actualmente existe un proceso electoral convocado formalmente, por lo que suspenderlo afectaría derechos políticos de la ciudadanía y la previsibilidad institucional de la provincia.
