El Gobierno busca extender el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales

El Gobierno Nacional anunció que buscará extender a las cárceles provinciales el sistema destinado a bloquear teléfonos celulares utilizados por personas privadas de su libertad, una medida que actualmente alcanza a establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el objetivo es impedir que desde las unidades penitenciarias puedan utilizarse dispositivos móviles para organizar estafas, extorsiones u otros delitos.

La iniciativa toma como antecedente la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada el pasado 20 de abril, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de celulares en establecimientos federales.

Sin embargo, el esquema no se aplicaba automáticamente en las cárceles administradas por las provincias. Frente a esta situación, el Gobierno resolvió, a través del ENACOM, ampliar el procedimiento a aquellas jurisdicciones provinciales que decidan adherir al protocolo nacional.

Según explicó Ravier, una vez detectado un dispositivo activado dentro de las áreas alcanzadas, las compañías de comunicaciones móviles deberán proceder a su inhabilitación.

El bloqueo comprenderá tres componentes: el IMEI que identifica al equipo físico, el IMSI asociado a la tarjeta SIM y la línea telefónica vinculada al dispositivo. El procedimiento alcanzará tanto las áreas de detención como otros sectores de acceso restringido de los establecimientos penitenciarios.

Durante el anuncio, el vocero también mencionó el caso de Rodrigo Gómez, integrante de la custodia de la Quinta de Olivos que murió tras haber sido víctima de una extorsión que, de acuerdo con lo expresado por el Gobierno, habría sido realizada por delincuentes que operaban desde unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos.

“Un celular en manos de un preso es un arma”, sostuvo Ravier al defender la decisión y asegurar que el Ejecutivo busca impedir que estos dispositivos sean utilizados para cometer delitos desde las cárceles.

El Gobierno Nacional convocó finalmente a las provincias a adherir al nuevo protocolo, un paso necesario para que el mecanismo pueda implementarse en los establecimientos penitenciarios que se encuentran bajo sus respectivas jurisdicciones.