El Municipio de Río Grande oficializó su presentación ante el Juzgado Federal de la ciudad para intervenir como parte interesada en la causa promovida contra las empresas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las cuales operan en la Cuenca Malvinas Norte sin la debida autorización del Estado nacional.
La decisión, anunciada por el intendente Martín Pérez, se produjo luego de que la jueza federal Mariel Borruto declarara la competencia de su tribunal y ratificara la jurisdicción argentina para entender en el conflicto. La acción legal original fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, solicitando frenar el avance de las obras e infraestructura vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
El mandato de la Carta Orgánica Municipal
Para fundamentar la intervención institucional en la causa, la Asesoría Letrada del Municipio invocó una serie de artículos de la Carta Orgánica local que encomiendan de forma explícita la preservación del ambiente, la custodia de los recursos naturales y la defensa de la soberanía en la región.
“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmó Martín Pérez al dar a conocer la medida. El jefe comunal agregó que "defender Malvinas también es actuar", remarcando que la posición del municipio busca asumir un rol activo dentro del proceso judicial que tramita en la propia ciudad.
La resolución del Juzgado Federal de Río Grande determinó que la controversia abarca aspectos territoriales y marítimos esenciales para los intereses del país. Además de dar curso a la presentación municipal, el tribunal dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mientras evalúa los requisitos procesales para definir las medidas cautelares solicitadas sobre el proyecto petrolero.
