Las comunidades educativas de las tres universidades nacionales con presencia en Río Grande protagonizaron este jueves una nueva movilización en defensa de la educación pública. Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) marcharon desde sus respectivas sedes hasta la Plaza de las Américas, donde se desarrolló el acto central.
La convocatoria reunió también a organizaciones sindicales, sociales y políticas, centros de estudiantes, veteranos de guerra de Malvinas y representantes de distintos sectores de la comunidad fueguina. Entre los presentes estuvieron el intendente Martín Pérez, la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, concejales de distintos bloques y funcionarios municipales y provinciales.
El reclamo principal fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. Durante la jornada, los participantes también exigieron una recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores partidas presupuestarias para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.
En la Plaza de las Américas, estudiantes y docentes de las tres instituciones leyeron de manera alternada el documento elaborado para la Quinta Marcha Federal Universitaria, titulado “Por la educación, la soberanía y la democracia”.
El pronunciamiento cuestionó la situación presupuestaria de las universidades nacionales y advirtió sobre el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes y la reducción de recursos destinados a la investigación.
“Esta nueva Marcha Federal Universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron los organizadores.
En materia salarial, reclamaron el reconocimiento de las paritarias como ámbito de negociación y plantearon la necesidad de atender distintas demandas de los trabajadores universitarios, entre ellas la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la revisión del nomenclador preuniversitario y mejoras en las garantías salariales.
El documento también puso el foco en las becas estudiantiles. Los participantes cuestionaron el monto de las Becas Progresar, que según expresaron permanece en $35.000 desde 2024, y reclamaron mejoras en los programas de asistencia para garantizar que los jóvenes puedan iniciar, sostener y finalizar sus estudios.
Otro de los puntos centrales fue el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Los representantes universitarios cuestionaron que la iniciativa del Poder Ejecutivo, según señalaron, no contempla los recursos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario ni mecanismos suficientes para recuperar las pérdidas presupuestarias acumuladas.
En ese contexto, advirtieron sobre las dificultades que podrían enfrentar las instituciones para sostener sus actividades el próximo año, además de los proyectos de investigación, la adquisición de equipamiento y las tareas de vinculación con los sectores productivos.
El documento hizo referencia a la propuesta presupuestaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sostuvo que las partidas destinadas a las universidades deberían incrementarse un 33,4% respecto de las contempladas en el proyecto presentado por el Gobierno nacional.
La defensa de la ciencia y la tecnología también ocupó un lugar destacado. Los organizadores alertaron sobre las dificultades para financiar proyectos, acceder a becas científicas y sostener la formación de investigadores, además de advertir sobre la salida de profesionales altamente especializados del país.
