La iniciativa la hizo el Gobierno destinada a hombres "que hayan ejercido violencia de género o estén ejerciendo" y "cambiar conductas".
La mujer ingresó a la guardia del hospital con una lesión leve en el ojo derecho. La víctima, no quiso realizar una denuncia policial, pero el nosocomio activó el protocolo de protección.
El condenado había ejercido amenazas, lesiones y privación ilegal de la libertar contra quien fuera su pareja.
La medida fue establecida por decreto presidencial, en la cual el área de atención de casos de violencia de género pasó desde la Secretaría de Capital Humano al área de la Justicia del Gobierno.
El hombre de 38 años deberá pasar varios años en la cárcel por lesiones graves que le provocó a su mujer y por la violencia contra su hijo menor de edad.
El sujeto está acusado de provocar lesiones graves y amenazas con un arma. En el 2022 le propinó una golpiza a su parea y a su hijo menor de edad.
El hombre deberá cumplir una leve pena luego de haber apuñalado con un cuchillo en las costillas de su pareja, en abril pasado.
El juicio se desarrollará en Río Grande donde estará sentado en el banquillo de los acusados la pareja de la médica, Sebastián Cortes Toranzo.
El futbolista recibió la pena por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 .
El hombre había amenazado con arma a su expareja, provocándole también lesiones. La Justicia le recomendó tratamiento psicológico y permanecerá en libertad.
No hubo mayor información sobre su declaración, sin embargo el juez De Gamas Soler cuenta con 10 días para resolver la situación procesal de Guzmán.
Grupos feministas se concretaron en las puertas del Palacio de la Justicia con una serie de reclamos, luego del caso de violencia de género en el que está involucrado el abogado Marcelo Guzmán integrante de ese organismo.
Se realizaron dos allanamientos en el Valle de Andorra donde se logró secuestrar cocaína e importantes suma de dinero.
Una mujer había denunciado movimientos bancarios no autorizados en su cuenta, vinculados a compras efectuadas en comercios de la provincia de Buenos Aires mediante la aplicación de homebanking. Una mujer fue señalada como sospechosa de la estafa.
La medida de fuerza afecta al transporte público, la educación, el comercio y la recolección de residuos. La protesta es impulsada por gremios peronistas ante el decreto del Gobierno nacional que reduce impuestos a celulares y otros productos tecnológicos.
El diputado nacional cuestionó la suspensión de clases y el cierre de supermercados por parte de los gremios: “Sus prácticas mafiosas no representan a sus afiliados”, expresó en redes sociales.
Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, afirmó que las empresas se comprometieron a mantener los puestos laborales. También defendió la medida como clave para mejorar la competitividad y bajar los precios.