El ministro del Interior, Wado de Pedro; aseguró hoy que "el 50% de las muertes por violencia de género en la Argentina se pueden evitar", y aseguró que "en estos casos, cuando la justicia es lenta, hay femicidios" por lo que llamó a "fortalecer la capacitación de todas las fuerzas del Estado porque el mecanismo que nos brinda el servicio de justicia en muchos casos en deficitario".

De Pedro lo expresó tras recibir en su despacho Néstor García, padre de Micaela García, la joven que fue víctima de femicidio en 2017 y que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres Poderes del Estado.

El titular de Interior recordó que más de la mitad de las víctimas de femicidio durante 2021 habían denunciado a su agresor, tenían orden de restricción o botón antipánico. También resaltó que el 20% de los femicidas son integrantes de Fuerzas de Seguridad, por lo que convocó a "un consenso con todos los gobernadores, los intendentes, las fuerzas vivas, y los medios para trabajar en soluciones y  que esto sea una política de Estado”. 

“Hoy con ‘Yuyo’, el papá de Micaela estamos pensando en cómo fortalecer la capacitación de la Ley en todas las fuerzas del Estado. El mecanismo que nos brinda el servicio de justicia en muchos casos es deficitario y cuando la Justicia es lenta no es justicia. En este caso cuando la Justicia es lenta, hay femicidios”, señaló de Pedro luego del encuentro. 

En ese marco, el ministro destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de “convocar a un gran acuerdo nacional en contra de la violencia de género” y remarcó: “Ése es el punto de partida, no resiste más una sociedad con violencia y feminicidios”.

Durante la reunión, los funcionarios evaluaron impulsar nuevas herramientas para ponerle un freno a la violencia de género, entre ellas la masificación del uso de tobilleras electrónicas. “Para eso, como lo dije en lo que subí a las redes, en democracia los poderes tienen que articular y no aislarse. A mí me dolió mucho cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron que ellos se iban a autocapacitar porque no es lo que dice la Ley Micaela”, indicó. 

La Ley Micaela, que fue promulgada el 10 de enero de 2019, prevé la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación con el objetivo de transformar cada una de las políticas públicas.