EL Gobierno convocará la semana que viene a los intendentes, luego de la minuta de comunicación enviada ayer por el Concejo Deliberante de Ushuaia donde se pide a la Legislatura derogar la Ley de Impuesto Inmobiliario para que pase a los municipios.

El secretario de Representación Política, Federico Runín, sostuvo que “es apresurado aventurarse en una posición acerca de los efectos y los alcances que tiene. Por eso el Gobierno Provincial ha tomado la decisión de convocar a los Municipios a una reunión la semana que viene para encontrar entre todos los actores involucrados una solución adecuada y consensuada”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado años atrás por los municipios contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que reconoció validez a la pretensión del Estado Provincial de retomar la atribución para la determinación y percepción del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, con los alcances previstos en la ley 1075. 

“El camino judicial ya está agotado, con lo cual el camino está allanado para que desde la política se pueda encontrar a partir del diálogo la solución más atinada, más adecuada para converger en los intereses de los actores institucionales que forman parte de esta cuestión”, enfatizó.

“Lo que persigue el Gobierno es una solución pacífica, consensuada, coordinada, planificada con todo el actor institucional, una solución que responda a los intereses de todas las partes en el marco de los derechos y obligaciones en términos económicos y presupuestarios que tienen cada uno, incluido el Gobierno Provincial”, puntualizó Runín.

En tanto, el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, recordó que “llega el momento de sentarse y ver cómo vamos a solucionar esto entre los Ejecutivos. Nosotros en su momento expusimos la defensa de la autonomía municipal y la posible afectación de los recursos, pero el fallo es claro nos guste o no. El fallo del Superior Tribunal trató en ese momento de quién era la atribución o la facultad para legislar el inmobiliario, se expidió que no había inconstitucionalidad en la ley, que la facultad la tenía la provincia amparada tanto en el artículo 75 de la Constitución Nacional como en el 66 de la Constitución Provincial”.