La diputada del Parlasur por el Frente Renovador UNA, Fernanda Gil Lozano, acompañada de vecinos y amigos de Nilda Núñez, la mujer embarazada de 5 meses que fue descuartizada presuntamente por su pareja, exigieron la urgente intervención del Municipio de Tolhuin por "desidia, corrupción y complicidades de los funcionarios municipales de esa localidad fueguina en materia de violencia de género, y requieren una intervención casi inmediata del Gobierno provincial y nacional".
“Desde hace más de un año que la joven asesinada venía realizado denuncias contra su ex esposo”, pero “nunca recibió el apoyo judicial, político y policial necesario como para poder evitar esta tragedia”, denunció la parlamentaria.
En tanto, la impulsa de políticas de género, aseguró que “se llegó a este final por una concatenación de hechos que demuestran la poca valoración que hay por la mujer en esa localidad de la provincia de Tierra del Fuego” y agregó que “las autoridades no hicieron el seguimiento que hubiera sido necesario, que ese municipio carece de profesionales capacitados para el acompañamiento multidiciplinario a las víctimas, no hay comisaria de la mujer y tampoco vocación política para el abordaje integral de la violencia de género y sus consecuencias”.
Asimismo explicó que “en la ciudad de Tolhuin hay una red de Iglesias evangélicas, relacionada económicamente con el municipio, donde se refugian muchas mujeres que sufren agresiones masculinas debido a la situación de desprotección que se vive en esa localidad, donde las situaciones de trata y de violencia de género son muy arraigadas, naturalizadas y constantes”. Sin embargo, consideró que “esos recintos religiosos no hacen más que fomentarles la culpa, profundizando cada vez más las desigualdades de género”.
En tanto, Alika Kinan, Presidente del Instituto Saka Kipa y la Fundación Manos Abiertas, ambas instituciones contra la violencia de género denunció que el Secretario del Consejo deliberante es un reconocido proxeneta de la zona y elaboró un detallado informe el caso de Nilda Nuñez.
Por todo esto, Fernanda Gil Lozano reclama y acompaña el pedido para “la inmediata intervención política del municipio local y un rápido accionar del Ministerio de Justicia de la Nación que permita investigar las redes de complicidades que hacen negocios con el sufrimiento de las mujeres”.
