El presidente Donald Trump reiteró este lunes una controvertida propuesta: enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cumplir su condena en El Salvador, específicamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la infame megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele.
Durante un encuentro con el propio Buleke en la Casa Blanca, Trump bromeó que el mandatario salvadoreño "tendría que construir cinco prisiones más" para albergar a los estadounidenses que, según él, deberían ser enviados allí como castigo por crímenes violentos o incluso por participar en protestas que dañen propiedades, como concesionarios de Tesla —empresa de su aliado, el magnate Elon Musk.
Aunque Trump aclaró que la medida aplicaría a personas "ya condenadas por delitos violentos", también dejó entrever un posible uso del castigo como herramienta política, especialmente contra manifestantes críticos de su figura o de sus aliados.
Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos protege los derechos fundamentales de sus ciudadanos, incluido el debido proceso legal, el derecho a ser juzgado en su propio país y a no ser enviado arbitrariamente al extranjero, especialmente a países que no garantizan estándares mínimos de derechos humanos.
“No hay base legal en la legislación estadounidense para trasladar a ciudadanos a prisiones extranjeras sin su consentimiento. Incluso los tratados de transferencia de prisioneros son voluntarios y solo aplican en condiciones muy específicas”, explicó el profesor Stephen Vladeck, experto en derecho constitucional.
¿Existe algún resquicio legal?
Durante su primer mandato, el propio Trump firmó leyes que refuerzan las garantías de los ciudadanos estadounidenses en procesos penales. Aunque su administración deportó a inmigrantes hacia El Salvador —algunos con historial delictivo—, trasladar ciudadanos estadounidenses condenados a cárceles extranjeras sería un paso sin precedentes y probablemente enfrentaría múltiples demandas judiciales.
Incluso en el marco de acuerdos bilaterales o tratados penitenciarios, la transferencia de prisioneros requiere el consentimiento explícito del condenado y del país receptor, además de garantías procesales, médicas y humanitarias.
