La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, la adopción de medidas especiales para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas mientras se avanza en el tratamiento legislativo de la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal anunciada por el Gobierno nacional.
La entidad planteó que, durante el período de espera contemplado en la futura normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero no aplique multas a las pymes por incumplimientos que puedan ser regularizados dentro de los plazos previstos.
Además, propuso que aquellos contribuyentes que subsanen las obligaciones intimadas dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese período accedan a una reducción del 50% en las sanciones correspondientes. Solo una vez vencido ese plazo sin regularización debería aplicarse la multa completa establecida por la legislación vigente.
Otro de los puntos centrales del pedido de CAME es la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos que actualmente afectan al sector pyme, considerando que el proyecto impulsado por el Gobierno tendría un fuerte impacto tributario.
En ese marco, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, reclamó la creación de un régimen especial de facilidades de pago que permita cancelar deudas en hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.
La propuesta también contempla incluir las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026, así como los planes de pago actualmente vigentes y aquellos que hayan caducado.
Desde la entidad empresaria advirtieron que el pedido se formula en un contexto de fuerte retracción del consumo y ante el debate sobre una eventual reforma tributaria impulsada en el marco de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Según CAME, la adopción de estas medidas permitiría preservar el entramado productivo, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones más favorables para sostener la actividad económica y el empleo en todo el país.
