Con el Escudo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gobierno emitió un comunicado oficial en el que fijó una postura institucional contundente frente a la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta este miércoles 21 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En el documento, la administración provincial cuestiona la legalidad, la falta de fundamentos y el alcance de una medida que calificó como abrupta e injustificada.
En cinco puntos centrales, el Ejecutivo fueguino sostuvo que no existe ninguna razón objetiva que explique la intervención. Incluso, remarcó una contradicción dentro del propio acto administrativo nacional, ya que primero inhabilita la operatoria del puerto y luego, en artículos posteriores, deja sin efecto esa misma inhabilitación, lo que para la Provincia evidencia la improvisación con la que se avanzó sobre una infraestructura estratégica.
Desde el Gobierno provincial destacaron además que el Puerto de Ushuaia no solo funciona con normalidad, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos operativos. Según detallaron, en la actual temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros y buques, con récords recientes de arribo: 16 embarcaciones internacionales atendidas en menos de 24 horas y más de 30 en una sola semana, con un tránsito superior a 30 mil pasajeros y tripulantes. A esto se suman obras de infraestructura clave, como la extensión de 104 metros del muelle, que permitió duplicar la capacidad operativa simultánea.
Otro de los puntos abordados fue la discusión en torno a la Ley Provincial N° 1596, aprobada por unanimidad en la Legislatura, que habilita el uso del superávit del puerto para fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). El Ejecutivo aclaró que, pese a la sanción de la norma, no se realizó ningún traspaso de fondos, desmintiendo cualquier impacto negativo en la administración portuaria.
El comunicado también advierte sobre la instalación de “narrativas preocupantes” por parte del Gobierno Nacional, vinculadas a supuestas intencionalidades geopolíticas o económicas que no fueron explicitadas ni respaldadas con informes técnicos. Según la Provincia, los propios interventores no pudieron explicar con precisión el alcance real de la medida, ni presentar argumentos relacionados con fallas en la gestión o en la infraestructura del puerto.
Finalmente, el Gobierno fueguino confirmó que mantiene instancias de diálogo con autoridades nacionales para exigir explicaciones y una solución inmediata, pero adelantó que avanzará en un reclamo judicial. En el cierre del documento, calificó la intervención como un avasallamiento a la autonomía provincial, garantizada por la Constitución Nacional, y advirtió que se trata de un nuevo acto “intempestivo y grave” que afecta el trabajo y el desarrollo productivo de Tierra del Fuego.
El Puerto de Ushuaia, remarcaron, es un pilar central del desarrollo económico, logístico y turístico de la provincia, y cualquier decisión que altere su funcionamiento genera un impacto directo en la comunidad y en la proyección estratégica de la región más austral del país.
