Una serie de denuncias por presuntas estafas vinculadas a la venta ilegal de terrenos en Ushuaia encendió alarmas en el ámbito judicial y profesional, luego de que se detectara un posible esquema de comercialización clandestina de tierras que serían fiscales.
La abogada Griselda Engelhard, quien representa a presuntas víctimas y al Colegio de Corredores y Martilleros, explicó que las causas se tramitan en el Juzgado de Instrucción N°1, donde se acumulan denuncias que configuran una “megacausa”.
Según detalló en Radio Provincia Ushuaia, el modus operandi sería reiterado: personas o grupos ofrecerían terrenos —en muchos casos presuntamente fiscales— a través de redes sociales o contactos informales, sin intervención de profesionales matriculados ni documentación legal.
De acuerdo a los testimonios, las víctimas habrían entregado sumas que oscilan entre los 5 y 26 millones de pesos, en algunos casos mediante transferencias, pero también en efectivo, entrega de vehículos o incluso mediante préstamos personales.
“Hay familias que han entregado autos y sacado créditos. Es una situación muy grave”, advirtió Engelhard, al tiempo que señaló que la urgencia y la presión eran parte de la maniobra: “Te dicen que hay otros interesados y que tenés que pagar ya”.
Hasta el momento, se contabilizan al menos entre cinco y seis damnificados, aunque el número podría crecer ya que continúan apareciendo nuevos denunciantes, incluso organizados en grupos de WhatsApp.
Desde el punto de vista legal, la abogada indicó que podrían configurarse múltiples delitos, entre ellos ejercicio ilegal de la profesión (artículo 247), estafa (artículo 172) y otras figuras como estelionato.
Además, remarcó que la operatoria sería nula, ya que la comercialización de inmuebles requiere la intervención de corredores inmobiliarios matriculados. “Una inmobiliaria no es un kiosco. Se necesita título habilitante. Comprar por redes sociales sin un profesional es una señal de alerta enorme”, subrayó.
Uno de los ejes de la investigación es determinar si los terrenos ofrecidos pertenecían al Estado municipal o si fueron adjudicados previamente a terceros.
En ese sentido, Engelhard aclaró que aún no hay confirmaciones dentro del expediente, pero advirtió que, incluso si hubieran sido adjudicados, no podrían ser comercializados de esa manera.
También dejó abierta la posibilidad de analizar responsabilidades civiles a medida que avance la causa, en caso de que surjan elementos que involucren al Estado en el control de tierras fiscales.
La profesional insistió en la necesidad de extremar precauciones antes de realizar operaciones inmobiliarias. Recomiendan verificar la titularidad de los terrenos, exigir documentación respaldatoria y consultar con profesionales matriculados o con el municipio antes de concretar cualquier compra.
