El Ejecutivo municipal presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera en Ushuaia por el plazo de seis meses, en medio de un escenario marcado por la caída de ingresos y demoras en la transferencia de fondos coparticipables.
Desde la Municipalidad señalaron que las demoras en la remisión de recursos por parte del Gobierno provincial ya superan los 12 mil millones de pesos, situación que impacta de manera directa en la liquidez y en la planificación financiera del Municipio.
La iniciativa busca otorgar herramientas extraordinarias para afrontar la coyuntura y asegurar la continuidad de los servicios esenciales que presta la ciudad.
Entre las medidas previstas, el proyecto contempla la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes, avanzar en mecanismos de refinanciación de deudas con proveedores y reorganizar partidas presupuestarias.
Además, se habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento y a readecuar el presupuesto actual según la evolución de la situación económica.
También se establece la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas consideradas esenciales y debidamente justificadas.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, sostuvo que la propuesta responde a “una situación económica y financiera excepcional”, dentro de un contexto macroeconómico adverso que afecta la actividad local, la recaudación y la capacidad operativa del Estado municipal.
En ese sentido, indicó que los ingresos por coparticipación tuvieron una caída nominal del 5% en enero de 2026 respecto del mismo mes del año anterior, lo que representa una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento.
Además, reclamó una ley de goteo que garantice la llegada de los fondos en tiempo y forma a las arcas municipales y señaló que actualmente esos recursos llegan con demoras cercanas a los 40 días.
Desde el Ejecutivo también remarcaron que el contexto económico se agrava por la retracción del consumo, la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo y el desfasaje entre las previsiones presupuestarias y la evolución real de la economía.
Finalmente, Iriarte afirmó que la declaración de emergencia es una herramienta necesaria para sostener el funcionamiento del Municipio, preservar el empleo y acompañar a la comunidad frente a una situación cada vez más compleja.
