En medio del reclamo de soberanía y las disputas jurisdiccionales en el Atlántico Sur, el gobierno colonial de las Islas Malvinas confirmó la prórroga de las licencias de exploración petrolera offshore otorgadas en el marco del proyecto Sea Lion, desoyendo las restricciones operativas dictadas desde la Argentina.
La extensión de los permisos beneficia de manera directa al consorcio operador conformado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, junto con sus filiales Falklands Oil & Gas y Desire Petroleum, firmas dedicadas a la prospección y eventual extracción de hidrocarburos en la plataforma continental.
La decisión administrativa de la administración isleña se concretó días después del fallo emitido por la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, quien dispuso la paralización inmediata de las perforaciones en la zona. La magistrada notificó formalmente a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum para que cesaran las actividades y fijó un plazo de 10 días para elevar un informe sobre el nivel de ejecución de los trabajos, sin que hasta la fecha las empresas hayan brindado respuesta ante la sede judicial fueguina.
La prorrogación de los permisos se inscribe en una postura de respaldo explícito por parte de la corona británica a las firmas que operan en las islas. Previo a la resolución, el gobierno del Reino Unido había difundido un documento de orientación y apoyo a las contratistas del sector, al tiempo que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, tildó de "inaceptables" las acciones y notificaciones impulsadas por los tribunales argentinos.
El movimiento en el archipiélago ocurre de manera previa a la intervención que el presidente Javier Milei concretará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se prevé la ratificación del reclamo imprescriptible de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
