
Funcionaria de Desarrollo Social fue condenada por cobrar 145 planes sociales junto con su tío

Los jueces del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua a Ayelén Golovca, que durante el 2015 y 2016 le otorgó a su tío 145 planes Red Sol a nombre de terceras personas quienes nunca vieron ese dinero.
Golovca fue considerada autora material y penalmente responsable de los delitos de peculado reiterado -15 hechos- en concurso real con insolvencia fraudulenta, durante esos dos años en el que estuvo como Directora General de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio de Desarrollo de la Provincia.
Entre la condena, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, ordenaron el embargo de la camioneta de la ex funcionaria, una Nissan Fronter automática. Además, los magistrados hicieron lugar a la demanda del Tribunal de Cuentas de la Provincia por lo que deberá pagar $290.000 pesos más intereses dentro de los 10 días de quedar firme la liquidación que se practique.
La estafa de la ex funcionaria a los fueguinos
Los planes Red Sol fueron creados en el año 2000, por el cual se asiste económicamente a personas que no cuentan con trabajo o en situación de vulnerabilidad. Durante el 2015 y 2016, Golovca ocupaba el cargo de Directora General de Planificación Estratégica y Operativa por lo que estaba a cargo de autorizar esos planes.
Durante ese período, la ex funcionaria autorizó a su tío, Héctor Segovia, a que perciba 145 planes sociales, todos ellos bajo el nombre de otras personas que ingresaban al listado de los planes sociales, pero que al momento de cobrar siempre se encontraban con alguna excusa. Además existían nombres de personas que ya habían sido dadas de bajas del beneficio.
Era en el Banco de Tierra del Fuego donde Segovia cobraba todo el dinero de los beneficiarios, sin embargo esa maniobra fue detectada por la propia entidad quien elevó su reclamo al Ministerio de Desarrollo. Como respuesta, la ministra de Desarrollo, Paula Gargiulo, solicitó la urgente creación de una “Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa Provincial Red Solidaria de Estimulo Económico para las Personas en Situación de Riesgo” (RED-SOL), a los fines de llevar a cabo las tareas de auditoría y relevamiento.
De la pericia contable en la que se analizaron 186 casos, surgió que había 145 autorizaciones extendidas a favor de Segovia por la suma total de $290.000, todas con la firma de Golovca. Segovia se presentó en 15 oportunidades en la entidad bancaria para cobrar subsidios en calidad de autorizado. En enero de 2016 llegó a percibir la suma del beneficio correspondiente a 23 personas.
De esa auditoria se detectó que algunos de los autorizantes que figuraban en los registros bancarios “no habían cobrado el subsidio ni por si mismos ni por terceros de su confianza, mientras que otros directamente estaban dados de baja como beneficiarios”, se remarca en los fundamentos de la sentencia.
La denuncia
La investigación se originó tras la denuncia de la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, el 13 de septiembre de 2016, a raíz de diversas irregularidades que fueron detectadas en el Ministerio vinculadas a la confección y actualización de altas y bajas de beneficiarios del Programa.
Unos días antes de la denuncia, el 7 de septiembre, la funcionaria había sido advertida mediante una nota del Supervisor de Cajas de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego, donde le solicitaban información relativa a determinadas autorizaciones del cobro de los planes Red Sol.
Allanamiento y embargos
Durante la investigación, el Juzgado de Instrucción libró la orden de allanamiento del domicilio de la ex funcionaria, como así también resolvió trabar un embargo preventivo sobre los bienes de Golovca y Segovia hasta cubrir la suma de $600.000 cada uno, pero la medida cautelar no se pudo concretar a raíz de la “insuficiencia patrimonial”.
Lo novedoso es que 6 días antes de disponerse el embargo preventivo de Golovca, la mujer había transferido la titularidad de su camioneta Nissan Frontier a un hombre llamado Eduardo Daniel Núñez, quien fuera su pareja, y en la presente causa fue beneficiado con el instituto de suspensión de juicio a prueba.
“La imputada tenía un conocimiento real acerca de las actuaciones que tramitaban en su cuenta, y que se desprendió intencionalmente del bien para eludir la medida cautelar de embargo que presumía se iba a dictar junto a su procesamiento, pero que en realidad fue ordenada antes”, precisaron.
Los jueces valoraron como atenuantes la falta de antecedentes penales computables de los imputados al momento de la comisión de los hechos, mientras que como agravantes tuvieron en cuenta que en el caso Golovca se desempeñaba como la máxima autoridad de la Dirección General de un Ministerio, y la responsabilidad que ese cargo le confería.
Por otra parte, Segovia, el tío de la ex funcionaria, fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe necesario material y penalmente responsable del delito de peculado reiterado.
Si bien ambos delincuentes estarán en libertad, deberán comunicar al Juzgado de Ejecución todo cambio de residencia que efectuaren; someterse al cuidado del Patronato, y abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.


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