Denunciaron a Queno y a Harrington por defraudación al Estado con lotes fiscales

El abogado, Daniel Merlo, presentó una denuncia en la Justicia por los delitos de asociación ilícita, de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad, negociación incompatible con los deberes de funcionarios públicos y defraudación del estado, contra el intendente de Tolhuin, Claudio Queno, y el electo intendente Daniel Harrington, quienes estarían implicados en la venta de terrenos fiscales a precios irrisorios para emprendimientos productivos y los cuales terminaban siendo un gran negocio inmobiliario de empresas. 

El letrado acompañó la denuncia que presentó la concejal, Ana Cejas, en contra del Jefe comunal y a Harrington, quien supo ser funcionario de Queno, en la cual se exponía la falta de controles en la venta de terrenos fiscales para emprendimientos productivos, y los cuales terminaron siendo un negocio inmobiliario.

“Gracias a que se hizo público este tema he recibido documentación, que antes no tenía y que la voy a poner a disposición de la justicia, que prueba y acredita que efectivamente se vienen haciendo desde hace muchos años, colosales negocios inmobiliarios comprando por un paquete de yerba terrenos fiscales para luego hacer excepciones, subdividir los lotes y venderlos”, explicó Merlo el pasado viernes en Radio Nacional Ushuaia.

Dentro de la investigación por los negocios inmobiliarios, el abogado también indicó que “hay una abierta que ya se está investigando, que es el caso de un fideicomiso que se llama Altos del Michi que adquirió terrenos en Tolhuin con dinero de la Caja de la Policía” que “es una causa que tiene similitud porque el nombre del fideicomiso tiene el nombre del monte conocido”.

Respecto a las pruebas, el letrado informó tener “cinco adjudicaciones en Tolhuin, tres que son del año 2010, dos del 2017, que son sorprendentes porque en tres de ellas se las escrituró, mientras que las otras dos tengo las copias para que se investigue y se llegue a buen puerto. Tres de ellas se escrituraron con el agravante de que no se cumplieron ninguna de las obligaciones previa que establecen los requisitos legales y a pesar de eso las escrituraron”.

En ese sentido, explicó a la comunidad que “es muy fácil saber para el que alguna vez tuvo acceso a un terreno fiscal sabe que en el caso de los inmuebles rurales es requerido un cerco o cerco perimetral. Por ejemplo, para un emprendimiento ganadero se le tiene que dar a ese fin y no se puede destinar a otro, porque se estaría violando lo que dice la reglamentación”.

En los casos del Municipio de Tolhuin, “no se hizo absolutamente nada de lo que dice la reglamentación, porque el que compró barato va a comprar caro, cuando en el mismo decreto se les dice las obligaciones”, por lo cual ahora se deberá investigar “si se lotearon los lotes o hay gente que compró”.

Otros de los involucrados en la defraudación, “es el hoy es el que está a cargo de Catastro que según lo que dice la concejal sería quien habría aprobado los planos de los dos barrios privados que se estarían investigando a partir de la denuncia”, y apuntó “quien es el que suscribe los decretos, el director Villa que ahora está en funcionamiento en el AREF”, según la denuncia de la concejal Cejas.

Por otro lado, el abogado dijo que la documentación de las denuncias “no están en mi poder” ya que recibió mensajes intimidantes de tinte “mafioso” y “tengo temor porque desaparezcan las pruebas” de los 8 mil metros cuadrados en la causa.

Queno y Harrington implicados en la adjudicación de terrenos fiscales a empresas

Respecto a la responsabilidad de Harrington, hoy legislador kirchnerista, Merlo explicó que “cuando él era funcionario como secretario de Gobierno refrendó copias y reconoce expresamente no recordar las personas beneficiadas de los lotes, pero cuando se firma un decreto de adjudicación de terrenos el funcionario va a leer lo que va a firmar”.

“Como yo no tenía el nombre de las personas privadas o sociedades beneficiarias, mi denuncia se formula contra quienes pudieran ser penalmente responsables, porque tanto el que entrega como el que la compra son participe de este negocio inmobiliario, devenido en defraudación contra el Estado”, en las cuales también “habría otros funcionarios implicados, empresarios y figuras reconocidas”, reveló el abogado.

Por otro lado, el magistrado se mostró sorprendido por la decisión del juez de la causa, Dr. Raúl Sahade de rechazarlo como querellante: “La verdad me sorprende, es como se suele decir de comúnmente, cosa que ya no comparto, que hay una parte de la biblioteca que está a favor y otra en contra. Acá la denuncia está en marcha y no hubiera sido posible que se le pudiera tomar declaración testimonial si no hubiera formulado la denuncia; es lo que nos toca en Argentina y ni hablar de una parte de la justicia de Tierra del Fuego que hace muchos años que venimos padeciendo los letrados y los justiciables” y “esta decisión la voy a recurrir”, aseveró.