
El Poder Ejecutivo plasmó el decreto por el cual se disuelve Vialidad y sus funciones son absorbidas por distintas áreas del Ministerio de Economía.
La medida, que entra en vigencia a partir de este jueves, establece un período conciliatorio de 15 días durante el cual se convocará a ambas partes a una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de Nación.
Nacionales01/08/2024La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) y la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP), el cual pudo traer suspensiones de vuelos para este jueves.
La medida, que entra en vigencia a partir de este jueves, establece un período conciliatorio de 15 días durante el cual se convocará a ambas partes a una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo.
La conciliación obligatoria tiene como objetivo principal suspender las medidas de fuerza que habían sido anunciadas por el sindicato petrolero, que se oponía a la aplicación del impuesto a las Ganancias a un grupo específico de sus afiliados. Según el comunicado de la Secretaría de Trabajo, durante este período, los sindicatos deberán cesar sus acciones de protesta mientras se lleva a cabo la audiencia para resolver el conflicto.
El paro había sido convocado por FASiPeGyBio en rechazo a la reciente inclusión de ciertos trabajadores del sector bajo el régimen del impuesto a las Ganancias, que, según el sindicato, afecta gravemente al poder adquisitivo y a la estabilidad laboral de sus afiliados. El gremio advirtió que esta medida impositiva generaría inconvenientes significativos en la provisión de combustible, lo que impactaría negativamente tanto en las estaciones de servicio como en los aeropuertos, incluyendo a los de Aeroparque y Ezeiza, entre otros.
El sindicato justificó su postura al señalar que había agotado todas las instancias y canales de diálogo con las autoridades sin obtener una solución satisfactoria. Además, denunciaron lo que consideraron un "avasallamiento a los trabajadores petroleros" a través de esta medida fiscal, argumentando que discrimina a los trabajadores del sector y perjudica su poder adquisitivo y las condiciones de empleo.
El conflicto iba a derivarse en Aeroparque y Ezeiza, como estaciones de servicios, debido a la paralización de la distribución del combustible.
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