Una camioneta recuperada de casos de corrupción en la Caja de Jubilaciones, durante el gobierno de Fabiana Ríos, será utilizada para Desarrollo Social de la Provincia, para el transporte de personas a talleres, escuelas o deportes.
El anuncio fue realizado por el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, quien denunció que “durante el gobierno de Fabiana Ríos no sólo hubo desorden administrativo, sino que también hubo situaciones de corrupción que afectaron políticas de protección y de seguridad social”.
El funcionario tuvo junto a ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo; el presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje; la secretaria Legal y Técnica, Gimena Vitali; y el secretario de Salud, Guillermo Ruckauf.
Gorbacz destacó que los hechos de corrupción “fueron encontrados en el camino del ordenamiento administrativo” que la gestión de la gobernadora Rosana Bertone decidió llevar adelante.
El hecho de corrupción
Para llegar al caso, el Gobierno logró encontrar actos de corrupción en con beneficios mal otorgados y cobro indebido de cheques por parte de funcionarios de la Obra Social en Buenos Aires; irregularidades en el cobro de los planes RED SOL; y licencias “truchas” otorgadas a agentes estatales, todos casos denunciados en la Justicia por el actual administración.
Gorbacz expresó la necesidad de enviar “un mensaje claro a todos los empleados del Estado, para que nos sigan ayudando y no tengan miedo de denunciar cualquier situación irregular que detecten, porque la decisión política de este Gobierno es la de sacar el Estado de las manos de estos delincuentes que han pululado por distintas áreas de la Administración y recuperarlo para los fueguinos, como lo estamos haciendo” y anotó que en el caso de corrupción "no fue denunciada durante el Gobierno anterior”.
Por su parte, el presidente de la Caja Rubén Bahntje, sostuvo que en el caso del ex IPAUSS hubo “diversos temas, como el procesamiento de familiares del (dirigente nacional de la CTA) Pablo Micheli por administración fraudulenta contra la Administración Pública por el cobro de cheques de fondos permanentes que hacían estos empleados; pero también (en el ex megainstituto) hubo una serie de hechos que constituían un total desorden que fue utilizado por ciertas personas e, incluso, con complicidad política, porque no hubo voluntad (de la gestión de ese entonces) de solucionarlo”.
Recordó que “tuvimos el caso de un médico que durante 4 ó 5 años tuvo una situación de doble empleo, sin que nadie hubiera hecho nada y que, además, no cumplía su horario” y,también dio cuenta de “la reciente cesantía de Marisa Sánchez, una de las personas involucradas y procesadas por la causa de los cheques, por 144 faltas injustificadas”.
