Una disposición judicial dio inicio al proceso de disolución de la sociedad Leolabs, una empresa de capitales británicos, debido a la "imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social". La Inspección General de Justicia (IGJ) de la provincia ha tomado esta medida conforme a la Ley Nº 19.550, solicitando una medida cautelar que impida a la empresa realizar actos para retomar sus actividades.
El juzgado civil y comercial N°2 ha otorgado la medida cautelar solicitada por la IGJ, que entró en vigencia ayer, prohibiendo a Leolabs llevar a cabo cualquier acto societario relacionado con su objeto social. Esta decisión judicial refuerza las acciones tomadas previamente por el Ejecutivo provincial, que había rechazado el recurso jerárquico de Leolabs contra la resolución M.P. y A. N° 860/2023, la cual había dejado sin efecto la autorización para su funcionamiento debido a la falta de la autorización del organismo competente.
Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, destacó que esta medida cautelar es parte del esfuerzo por eliminar la amenaza que representa la empresa para la seguridad nacional. "Esta medida responde a nuestro objetivo de poner fin a la actividad de Leolabs en nuestra provincia, actuando con rigor y de acuerdo a los procesos legales. Con un trabajo serio y sostenido hemos logrado este avance significativo. Ahora procederemos a desactivar la infraestructura de la empresa, que se encuentra a pocos kilómetros de Tolhuin", afirmó.
